Discriminación es la base de la demanda que el activista nicaragüense en la ciudad de Los Ángeles, California, German Peña, interpuso contra el Cónsul del gobierno de Nicaragua, Leopoldo Castrillo Ramos, en una Corte de Los Ángeles.
El afectado está reclamando su pasaporte, compensación por el tiempo invertido y los gastos legales en Corte. La demanda la introdujo el pasado 3 de mayo, pero 10 días después de introducir la querella, el Cónsul le hizo llegar el pasaporte por correo.
Sin embargo, Peña dijo que no desistirá con el fin de crear un precedente debido a la mala atención que reciben los connacionales en los consulados nicaragüenses.
Peña alega discriminación por razones políticas debido a que en dos ocasiones fue a retirar su pasaporte y no se lo entregaron por “revancha” debido a que es un crítico del régimen sandinista.
Aseguró que su pasaporte estaba en la oficina del Cónsul. La primera vez que acudió a retirarlo fue el pasado 24 de abril. Dos días antes había estado protestando frente a la sede consular contra el régimen de Daniel Ortega.
“Allí protestamos a favor del medio ambiente, en contra del Canal Interoceánico que vendría a destruir nuestros recursos acuíferos, nuestros bosques y también protestamos porque no queremos más Daniel Ortega”, subrayó.
“Él (el cónsul) sabe que no comulgo con su gobierno, con su patrón Daniel Ortega, de tal manera que cuando llegué la primera vez me dijeron que él no estaba, y una señora que estaba enojada porque no la atendían me dijo que no era cierto, que me estaban mintiendo porque el Cónsul estaba en las oficinas, que me lo estaban negando”, refirió Peña.
Pero la vicecónsul le dio una explicación y decidió regresar al día siguiente por su pasaporte.
“Regresé, el cónsul estaba ahí, hizo como que estaba de salida y me dijo que no tenía tiempo para atenderme porque iba a una cita, acordamos que me lo iba a enviar por correo y no cumplió. No tengo tiempo para estar llegando, sé que es una burla, en este país nadie está por encima de la Ley, aquí no estamos en Nicaragua, donde cualquier hombre de su gobierno abusa de las personas”, afirmó Peña.
Será un juez quien determinará si tiene o no jurisdicción para conocer la causa.
LA PRENSA consultó sobre la demanda a Camilo Astacio, funcionario consular, pero dijo que no tienen nada que hablar al respecto.
La política del gobierno sandinista ha sido prohibir a sus funcionarios dar declaraciones.
