La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, reaccionó a la decisión del Senado de su país de suspenderla en el ejercicio de sus funciones presidenciales e iniciar su juzgamiento político, con la misma retórica usada durante todo el tormentoso proceso que ha vivido en los últimos meses.
“El impeachment es un golpe de Estado”, “la población sabrá decir que no al golpe”, “jamás vamos a desistir”, “vamos a vencer”, dijo Rousseff, entre otras cosas, en una declaración a la prensa y un discurso incendiario que pronunció ayer ante sus partidarios.
Pero no es cierto que Rousseff ha sido destituida ni que le han dado un golpe de Estado. Ella sigue siendo presidenta de Brasil, solo ha sido suspendida para mientras se le sigue un juicio político previsto en la Constitución, durante el cual se tendrá que probar si es cierto que cometió el crimen fiscal del que se le acusa. Pero si demuestra su inocencia o convence al número suficiente de senadores para que no la condenen, reasumiría la función presidencial.
Si Rousseff fuese una demócrata coherente habría aceptado modestamente la resolución del Senado y se prepararía para alegar y demostrar su inocencia en el juicio político, si acaso es inocente como ella dice. Sin embargo, con sus declaraciones confrontativas en las que desafía al Senado y asegura que resistirá la resolución en las calles, Rousseff ha reconocido desde ya su derrota definitiva.
En cualquier caso, lo que está ocurriendo en Brasil es una parte muy importante del proceso político que se viene desarrollando en América Latina y el Caribe, el cual es desfavorable a los regímenes populistas autoritarios al mismo tiempo que positivo y alentador para la democracia.
El gobierno izquierdista de Brasil —tanto el que presidió Lula da Silva como el de Dilma Rousseff—, no ha sido igual que los regímenes populistas autoritarios de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Por su gran tamaño geográfico y económico, su posición geopolítica e influencia internacional, Brasil no puede ponerse en el mismo nivel de las repúblicas bananeras izquierdistas, sin embargo las ha apoyado en todo lo que ha podido y ha abogado por ellas en los foros internacionales.
Ahora el autoritarismo populista y el izquierdismo de América Latina está en declive. Esto podría explicar por qué en Nicaragua Daniel Ortega se niega dar garantías electorales y a permitir la observación internacional en los comicios de noviembre próximo. Ortega probablemente teme que la gran cantidad de personas que se identifican como independientes, sumada a los muchos que dicen ser sus partidarios pero realmente no lo son, podrían darle otra horrible sorpresa como la de febrero de 1990.
Ortega sabe que bajo determinadas condiciones los procesos políticos regionales tienen un efecto dominó, o sea que lo que ocurre en un país arrastra al otro. El populismo izquierdista ha recibido severos golpes consecutivos en Venezuela, Bolivia y Argentina, mientras que en Cuba el régimen castrista se está abriendo de manera vergonzante a la economía capitalista. El siguiente turno podría ser el de Nicaragua, en noviembre próximo. ¿Por qué no? Ortega no se confía y seguramente por eso no quiere permitir elecciones libres y transparentes.
