Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 aportó este domingo 24 de abril nuevos indicios de que la Policía Federal estuvo presente en la mayoría de escenarios de la tragedia de Iguala, durante o poco después de que aconteciera.
«La Policía Federal en Iguala tenía información de lo que estaba pasando en tiempo real, sabía de la acción de la toma de buses y alertó a sus agentes para que estuvieran vigilantes en las carreteras, donde se supone que podrían salir huyendo los (alumnos) normalistas», señaló el informe publicado el domingo.
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El documento, que recoge las conclusiones del segundo y último mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), revela que fue una patrulla de federales quienes detuvieron e hicieron bajar apuntando con pistola a los jóvenes del quinto autobús.
Los especialistas creen que este vehículo tomado por los normalistas podría estar cargado con droga oculta, lo que pudo ser el móvil del ataque armado a los estudiantes.
Dichos jóvenes huyeron hacia un barrio de esta localidad del sureño estado de Guerrero mientras miembros de la policía municipal les dispararon con la participación de una patrulla ministerial, estableció el GIEI en base a testigos y a un manuscrito del conductor de la unidad, que fue escoltado por una patrulla federal posteriormente.
Además, los policías habrían participado en la noche del 26 de septiembre de 2014 en un retén a la salida de Iguala, que desvió el tráfico, pero permitió el paso del autobús del club de fútbol infantil Los Avispones, atacado por policías municipales o «encapuchados», según las versiones, minutos después en otro punto de la carretera.
El informe también denunció el maltrato dado a los supervivientes y familiares del tiroteo, tras negarse a atender a los heridos, y su presencia en el puente del Palacio de Justicia o del Chipote, donde se atacó a uno de los autobuses.
Además, una serie de llamadas de un número telefónico con el entonces secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, desvelaría que la Policía Federal estuvo presente en la mayoría de escenarios.
En el mismo documento se afirma que, como la Policía Estatal, la Policía Ministerial de Iguala también tuvo conocimiento de los sucesos y acudió a tres escenas del crimen, sin reportar en su informe a los superiores la visita a una de ellas.
«Lo anterior permite confirmar que se giró una orden de investigar por parte del Ministerio Público Federal que fue desatendida por la Policía Federal Ministerial y por la Policía Federal que se encontraba en Iguala», señaló el escrito.
El informe presentado este domingo también da más detalles sobre la posible participación de la policía local de Huitzuco, a unos 30 kilómetros de Iguala, en la desaparición de los 43 estudiantes.
Cinco patrullas realizaron un retén en el poblado cercano de Pololcingo, aunque los testimonios no aclararon el porqué de este destacamento.
Posteriormente hubo un reemplazo y varias patrullas de Huitzuco dejaron el retén, encontrándose a una distancia que les habría permitido recoger a varios de los estudiantes atacados en el puente del Chipote.
Según una nueva versión presentada este mes por el ombudsman Luis Raúl González, los agentes de Huitzuco podrían haberse llevado entre 15 y 20 estudiantes que se encontraban en ese punto, lo que daría pie a la configuración de una «segunda ruta de desaparición».
En la noche del 26 de septiembre de 2014 murieron seis personas, tres de ellos estudiantes, y 43 jóvenes desaparecieron a manos de policías corruptos, quienes según la versión oficial los entregaron al cártel Guerreros Unidos para ser asesinados y quemados en el basurero de Cocula.
