El obispo de Estelí, monseñor Abelardo Mata, aún recuerda cómo de forma airada Andrés Cerrato denunció en una reunión, realizada el pasado 12 de marzo, que miembros del Ejército de Nicaragua no solo lo habían amenazado a él, sino que le habían puesto un arma en la boca a su hijo. Según explicó entonces Cerrato, los soldados acusaban a su vástago de integrar un grupo armado del que identifican como cabecilla a Santiago Palacios.
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En LA PRENSA del 19 de abril el vocero de la institución castrense, coronel Manuel Guevara Rocha, dijo: “El Ejército de Nicaragua no realiza ningún tipo de allanamiento (al referirse a la denuncia de Cerrato hace un mes). Desconozco quién es la persona que usted nos está mencionando”.
DENUNCIAS EN REUNIÓN
En la reunión mencionada por Mata participaron unas veinte personas de comunidades de Ayapal, San José de Bocay, donde le expusieron al religioso y directivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), la inseguridad y temor que experimentaban.
“La queja en ese momento fue de que estaban asolados, tanto por la gente de Santiago (rearmado) como por la misma Policía, la inseguridad en el campo, y este señor hizo su protesta fuerte contra el Ejército por lo que habían hecho con su hijo cuando llegaron con violencia, sospechaban que el hijo andaba con el grupo de Santiago, al hijo le pusieron el arma en la boca. Él protestó, se lo llevaron aparte y le dijeron que estuviera calmo, que si salía lo mataban”, denunció Mata.
Recuerda el obispo de Estelí que al escuchar esa denuncia él le pidió al también directivo de la ANPDH, Roberto Petray, que le tomara una fotografía al campesino, dada la gravedad de su denuncia.
PLI RECURRE ANTE EL CENIDH
Al referirse al crimen, dijo: “A mí como ciudadano y como pastor me duele (…), sobre todo cuando uno ha tocado los canales adecuados para plantear el problema y parece que las cosas siguen peor que antes. Esto va a propiciar la ley de la selva”.
El crimen contra el campesino fue denunciado este miércoles 20 de abril ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) por directivos del Partido Liberal Independiente (PLI).
El diputado Luis Callejas denunció que están siendo asesinados los militantes del PLI en esa zona, donde sí existen grupos armados por motivaciones políticas. En estos casos, indicó, se aprecia un patrón de comportamiento de asesinatos e impunidad y advirtió que “no podemos involucionar”.
“Y ahora el asesinato de este militante, que un mes antes vino a exponer la situación de acoso que tenía el Ejército en contra de los habitantes de la zona, acusándolos de ser miembros de los grupos armados y apoyarlos”, expresó Callejas, quien recordó que las autoridades apuestan al olvido de estos casos. Puso como ejemplo de eso el caso de la explosión de la mochila bomba en El Portal, Santa María de Pantasma, que ya nadie menciona.
El ex viceministro de Gobernación, José Pallais, dijo que las características de ese caso son de una ejecución extrajudicial. “Es sospechoso que una persona que denuncia al Ejército de Nicaragua de hostigamiento, de haberle interrogado e intentado responsabilizar por su ubicación territorial de tener simpatía a grupos armados, un mes después sea ejecutado”, señaló Pallais.
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Agregó que esto demuestra que existe un grupo táctico en operaciones de contrainteligencia, ejecutando extrajudicialmente a la base social donde operan estos grupos o a los que han introducido en sus listas como sospechosos.
La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, por su parte dijo que remitirá una carta a la jefa de facto de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, para demandar una investigación inmediata sobre el crimen de Cerrato y demandará protección para la familia de la víctima.
“No puede haber Justicia para unos e impunidad para otros”, sostuvo Núñez.
HAY “UNA CACERÍA”
Óscar Sobalvarro, “Comandante Rubén”, piensa que “hay una especie de cacería contra todos aquellos miembros de la Resistencia, que se han destacado como líderes en sus comunidades, para eliminarlos y meter el miedo en esa zona”.
A criterio de Sobalvarro, por el simple hecho que Cerrato ya había presentado una denuncia pública, en la que manifestó que miembros del Ejército allanaron su casa, lo interrogaron a él y a su familia y lo amenazaron que si salía lo iban a asesinar, “mi relación es que el mismo Ejército que lo intimidó, que le allanó su casa, lo fue a matar posteriormente”.