El presidente de la Contraloría General de la República (CGR), Luis Ángel Montenegro, llegó este miércoles a la Asamblea Nacional para rendir el Informe de gestión 2015 , el cual refleja que 17 municipalidades fueron sancionadas por manejo irregular de los recursos del Estado, pero sin detallar el nombre de los funcionarios implicados.
Ante los cuestionamientos de los diputados opositores sobre estos casos, Montenegro manifestó que sería muy complicado explicar los detalles.
El contralor informó también que se realizaron más de 1,500 auditorías en las cuales se encontró daños al patrimonio del Estado por 124 millones de córdobas, pero tampoco ofreció detalles sobre los funcionarios implicados.
Sobre denuncias de uso inadecuado de los fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), según una investigación de LA PRENSA, Montenegro dijo que hasta el momento no han detectado esa clase de situaciones en dicha institución, pero además explicó que no hacen auditorías sobre publicaciones que aparecen en los medios de comunicación.
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“Nosotros, cuando evaluamos auditorías, evaluamos documentación soporte, ninguna auditoría nuestra puede ser hecha a base de comentarios o de publicaciones de los medios de comunicación”, manifestó el contralor.
Desde la llegada al poder de Daniel Ortega no se conoce el trabajo de la CGR.
Montenegro se olvidó de aquellos tiempos en que, cuando los medios documentaban un indicio de corrupción, él llamaba a conferencia de prensa para anunciar que harían una auditoría.
Tampoco tenía empacho para pronunciarse sobre hallazgos de auditorías sobre un funcionario, aunque la CGR no tuviera una resolución.
La CGR es un órgano colegiado donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tiene total control.
CONTRALORÍA LIMITADA
El presidente de la Contraloría, Luis Ángel Montenegro, también fue cuestionado por el uso indebido del patrimonio del Estado en función del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El contralor argumentó que las reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría le impiden pronunciarse sobre denuncias no formales.
“La Ley Orgánica claramente establece que para nosotros pronunciarnos sobre un tema debe de agotarse todos los pasos que la Ley establece”.