Santos Guillén Espinoza, de 46 años, dice que se encontraba embarrado de lodo, mientras buscaba oro en el Triángulo Minero de Nicaragua, cuando uno de los hijos de su primer matrimonio llegó a buscarlo apurado, a principios de diciembre de 2015, con una historia que lo convertía al menos en papeles en un desarrollador de proyectos urbanísticos en Managua.
“Venimos a verlo por una emergencia”, dijo el muchacho en la rural comunidad de Titispan, en Rosita, ubicada a más de 500 kilómetros de la capital, el hogar estable del padre desde hace tres años y una región que ha frecuentado en los últimos 15 años por trabajo; primero con la construcción de obras menores, pues tiene una licencia del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) y luego en su actual empleo: güirisero.
Guillén escuchó cómo una trama financiera lo vincula a la construcción de un condominio de apartamentos de lujo en Managua, financiado por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) con un millón 207,907 dólares.
El güirisero señala que “una mafia” creó “un montaje” que puede perjudicarlo. “¡Están usando nuestros nombres para hacer esta estafa, yo lo único que pido es que se limpie mi nombre, yo nada tengo que ver, están usando nuestros nombres para beneficiarse no sé quién!”, dice Guillén en la redacción de LA PRENSA, donde vino a contar su testimonio.
Según un documento interno de la División General de Estudios Económicos, en la sección de financiamiento del INSS, el Instituto prestó el monto millonario para la construcción del condominio “Apartamentos Planes de Altamira”.
Las inversiones del Seguro Social —según el artículo 32 de su ley— deben ceñirse al siguiente orden de prioridades: En el cumplimiento de las finalidades que la ley fija a la institución, en obras que signifiquen una contribución a la elevación de los niveles de vida de la población como vivienda popular, centros vacacionales para trabajadores y sus familias, y otras inversiones que generen utilidad en las mejores condiciones y que tengan un interés social.
La compañía beneficiada por el crédito es Teleconstrucciones Guillén SA, una inmobiliaria que no se encuentra registrada en la Cámara de la Construcción, de acuerdo con el presidente de esa cámara, Rodrigo Pereira. Fue creada tres meses y 15 días antes de la aprobación del crédito del Seguro Social y, según la escritura de constitución de la empresa, tiene como socio mayoritario con el 95 por ciento de las acciones a este hombre que dice no saber nada y a un amigo de este, el contador Daniel Eugenio Sirias Quiroz, fallecido el 12 de enero de 2014, treinta y cinco días antes del primer desembolso aprobado por la institución.
El acto notarial lo hizo el doctor Marvin Castillo Sandino, quien consultado en un primer momento en su oficina ubicada en el barrio Costa Rica de Managua, pidió que no se le tomaran fotos y dijo que le parecía “raro” el caso. Aceptó entonces que conocía a Sirias. “Él ya murió”, aseguró. No dijo nada de Guillén, pero prometió buscar documentos para una entrevista formal.
“Esta es una mafia dije yo, que agarraron, como se meten a internet y todo eso, me imagino que chuparon el nombre en este documento”. Santos Guillén, güirisero y contratista retirado, muestra licencia para contratista de obras menores.
El 4 de enero de 2016, el notario sostuvo por teléfono que Guillén y Sirias le pidieron que hiciera la empresa. “Si ahora el señor Guillén dice que no me firmó, él sabrá sus razones… Los dos me pidieron hacer esta constitución. Con quien tenía mi relación comercial era con Daniel Sirias (el fallecido), Guillén siempre ha estado en el monte como contratista. Si me quieren perjudicar, no sé”.
Castillo es conocido públicamente, porque también hizo la constitución de América Central, América del Norte, Importaciones y Exportaciones, SA (ACAN), empresa que tuvo como socios al exmagistrado del Consejo Supremo Electoral, Julio Osuna, y al narcotraficante David Patrón Arce, según una de las ramificaciones de la investigación que el Estado hizo a Henry Fariñas, el nicaragüense condenado por narcotráfico que fue procesado tras la muerte del cantante Facundo Cabral el 9 de julio de 2011.
Viuda de Sirias tampoco sabe
En el centro del país, en la cabecera departamental de Chontales, Juigalpa, vive la viuda del contador Daniel Eugenio Sirias Quiroz, Tania María Urbina Flores. Ella asegura que tampoco sabe nada del crédito. Se declara sorprendida con que “se esté usando el nombre de su marido”. Es madre de cuatro hijos, tiene problemas económicos, y acepta que conoce tanto a Guillén como al abogado, pero tampoco sabe de qué hablaban. Sobre esta declaración de la viuda, el güirisero dice que el contador le ayudó a solicitar su licencia para ser contratista de obras menores, un oficio que abandonó para migrar a la güirisería, pero explica que nunca tuvo relación con el abogado ante quien se creó Teleconstrucciones Guillén SA.
Con el acta de defunción en la mano, la viuda reitera que no conocía sobre la constitución de la empresa mencionada.
“Mi esposo murió el 12 de enero de 2014”, insistió. LA PRENSA solicitó información sobre el crédito al presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, pero no respondió a la carta que le enviamos el 4 de diciembre de 2015.
“Estoy asombrada, sorprendida que hicieron esa sociedad, que están utilizando el nombre de mi esposo para beneficio propio. No le sabría decir más nada”. Tania María Urbina Flores, viuda de Daniel Eugenio Sirias.
El diputado sandinista, José Antonio Zepeda, miembro del consejo directivo, no quiso comentar el tema. “Llamá a Roberto López”. Luego cortó el teléfono.
Ismael Reyes, otro de los directivos de la institución estatal, dijo que no sabía absolutamente nada de este financiamiento. El acta número 260/2012 del Consejo Directivo del INSS establece las condiciones del préstamo a un interés anual de ocho por ciento, un período de gracia de un año y a un plazo de 48 meses para su cancelación. El primer desembolso de la institución se realizó el 17 de febrero de 2014. “No tengo conocimiento que (el INSS) esté financiando la construcción de ese edificio. Nosotros en el consejo directivo nos reunimos de vez en cuando.
Desde marzo no hemos tenido ninguna reunión”, recalcó Reyes, quien sostiene que su nombramiento como directivo ocurrió hace cuatro años y desde entonces no ha escuchado que se tomara una decisión al respecto.
Reyes entró al consejo directivo con voz, pero sin voto, por orden del presidente Daniel Ortega en representación de las cámaras médicas previsionales. Los otros miembros son López, la vicepresidenta de la institución Sagrario Benavides, el empresario Alfonso Silva y el diputado Zepeda.
Silva rechaza señalamiento
El hilo de la madeja llega, sin embargo, al propio INSS. Silva admitió que su constructora trabaja subcontratada en el proyecto.
La compañía de Silva es Desarrollos Inmobiliarios, SA (Dinsa). “No construí la obra totalmente en primer lugar. Yo solo estoy sacando réditos en una parte de eso, ¿cómo? Pues yo soy una constructora. Hay varias empresas que fueron subcontratadas. Y yo me dedico a eso”, dijo vía telefónica Silva. Para el empresario no existe “un conflicto de interés” entre que sea constructor de la obra y a la vez directivo del INSS. Las ganancias del negocio previstas por la inmobiliaria Teleconstrucciones Guillén equivalen a 3.18 millones de dólares, más de dos millones de lo financiado por el Seguro. En una carta enviada el 14 de diciembre de 2015 a esta redacción, por el representante de Teleconstrucciones Guillén SA, Allan Rodríguez, aseguró que obtuvieron “fondos de diferentes fuentes, todas en el marco de la ley y cumpliendo con los requisitos, garantías y condiciones que las entidades correspondientes nos han solicitado”. Pero en el documento, no identifica quiénes los financiaron.
Información del proyecto
Según la descripción que hizo la Inmobiliaria a sus clientes, en folletos que ha distribuido, el condominio Planes de Altamira cuenta con nueve apartamentos que van de 98 a 134 metros cuadrados. Pero también tiene cuatro penthouse en los últimos pisos con áreas que van de 176 a 200 metros cuadrados.
Teleconstrucciones Guillén SA destaca que está ubicada en el centro de Managua, en una de las zonas de mayor plusvalía. “Es un edificio que cuenta con una de las mejores vistas para observar las bellezas de nuestro lago Xolotlán y nuestros volcanes”, dice el documento.
En el folleto se presentan al menos cinco modelos de apartamentos para que el cliente escoja y se da una dirección de correo electrónico, en que se puede solicitar información. Un equipo del Diario envió una consulta a ese correo, que no tuvo ningún eco. El apartamento más económico de todos los modelos es vendido en US$166,634.
Falsedad ideológica. El artículo 285 del Código Penal de Nicaragua establece “la falsedad ideológica” como delito. “Las penas previstas para la falsificación material de instrumento o documento público o privado son aplicables a quien inserte o haga insertar en un documento o instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar”, dice textualmente.
