Daniel Ortega designó a una militante de la vieja guardia del FSLN como próxima procuradora de derechos humanos, en sustitución del antiguo comandante guerrillero Omar Cabezas, quien renunció por motivo de salud y también era —o es— un cuadro de la línea dura del partido orteguista.
En el sistema político autocrático que impera en Nicaragua, la “elección” de esos funcionarios públicos en la Asamblea Nacional es una mera formalidad. Todas las decisiones presidenciales son avaladas de manera ciega e incondicional por la abrumadora mayoría de diputados que Daniel Ortega tiene por asignación en el poder legislativo.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos fue creada por la reforma constitucional democrática de 1995, con la intención que funcionara como la Defensoría del Pueblo de los países donde hay democracias robustas, con sus titulares elegidos por el parlamento pero independientes políticamente del Gobierno y el Estado.
La autonomía funcional y la independencia política son indispensables para el buen funcionamiento de la institución pública defensora de los ciudadanos, porque el Estado y el Gobierno son los principales violadores de los derechos humanos. Y así funcionó, en términos generales, dicha Procuraduría, regulada por la Ley 212 que fue aprobada por la Asamblea Nacional y promulgada por la presidenta Violeta Barrios de Chamorro en enero de 1996, hasta que en diciembre de 2004 la Asamblea Nacional nombró al comandante Omar Cabezas procurador de derechos humanos, de acuerdo con el pacto del PLC con el FSLN para repartirse los cargos del Estado.
Con el nuevo gobierno de Daniel Ortega la Procuraduría de Derechos Humanos fue subordinada al poder presidencial, igual que todas las instituciones del Estado y dependencias del Gobierno; y a partir de entonces lo que ha hecho esa institución es justificar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen orteguista.
Esta experiencia negativa debería ser aprovechada positivamente cuando se recuperen las instituciones democráticas de Nicaragua, para cambiar el procedimiento de elección del procurador y subprocurador de derechos humanos.
No basta con renunciar a la militancia partidista para poder ejercer esos cargos, como se dice actualmente en la Constitución, pues de hecho siguen sirviendo al partido o al caudillo que los propuso en vez de defender los derechos humanos. El procurador y el subprocurador de los derechos humanos deberían ser propuestos por los organismos no gubernamentales que defienden los derechos de las personas (Cenidh, CPDH y ANPDH), que han demostrado tener la integridad, el profesionalismo, la responsabilidad y la consecuencia que se requiere para respaldar el ejercicio de esos cargos.
La defensoría pública de los derechos humanos nunca más se debería poner en manos de militantes de ningún partido político, cualquiera que sea.
