Al parecer ha sido por falta de consenso entre los obispos que no se dio a conocer la Carta Pastoral de la Conferencia Episcopal Nicaragua sobre la realidad nacional, la cual, según se había anunciado, sería emitida con motivo de la Cuaresma.
Supuestamente la Carta Pastoral fue elaborada hace aproximadamente un mes, pero se vino reteniendo sin que se diera a conocer el motivo hasta que el Domingo de Ramos recién pasado el cardenal Leopoldo Brenes declaró a los periodistas que no será divulgada.
Recurriendo a una metáfora teológica, el cardenal Brenes explicó que la Carta Pastoral no se dará a conocer porque, dijo: “Son cosas del Señor, a veces uno propone y Dios dispone. El mensaje que queríamos hacer de forma común no se pudo dar; el Espíritu del Señor, pues, quizás no quiso en ese momento porque todo es obra del Señor”.
La falta de consenso entre los obispos acerca del contenido de la Carta Pastoral ha causado extrañeza, e inclusive especulaciones, porque de fuentes del mismo episcopado se había conocido que su nuevo pronunciamiento venía en la misma línea de la carta que la Conferencia Episcopal entregó al presidente inconstitucional de Nicaragua, Daniel Ortega, el 21 de mayo de 2014. Como se recordará, el título sugerente que los obispos pusieron a aquella carta fue: “En búsqueda de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor”.
Las circunstancias no han cambiado desde entonces. La situación política y social de Nicaragua sigue siendo la misma que los líderes de la Iglesia católica analizaron y denunciaron en aquella carta del 21 de mayo de 2014 que le entregaron a Ortega y este ni siquiera la respondió. De manera que si los obispos no han podido ponerse de acuerdo en una nueva Carta Pastoral, eso no significa que la Iglesia católica no tenga una posición sobre la problemática actual del país. Y mientras la Conferencia Episcopal no lo diga públicamente no se puede deducir o interpretar que los obispos han cambiado de posición.
Si la carta del 21 de mayo de 2014 de la Conferencia Episcopal a Daniel Ortega no ha sido revocada, lo que se debe entender es que están vigentes todas las demandas de los obispos acerca de “La familia, los grandes problemas sociales, los derechos humanos, la relación entre el trabajo evangelizador de la Iglesia y algunas políticas del Gobierno, ciertos aspectos problemáticos de la Costa Atlántica y, finalmente, el problema institucional del país”.
Todos esos problemas continúan sin solución y algunos más bien se han agravado, como es el caso de la institucionalidad que ahora está peor debido al avance de la concentración de poder y riquezas en manos de Ortega y la falta de garantías políticas y legales para las elecciones de noviembre del presente año.
La ciudadanía debe confiar en que los obispos no le fallarán. La Iglesia siempre ha orientado y acompañado a su pueblo en la lucha por la libertad y la democracia y no hay ninguna razón para que ahora deje de hacerlo.
