Hoy hace una semana LA PRENSA hizo pública la denuncia de una joven madre trabajadora, quien aseguró que mediante una serie de procedimientos turbios había sido despojada de su hija Freydell Monserrat, de 16 meses, por el Ministerio de la Familia. La niña habría sido dada en adopción a una pareja española.
Entre las irregularidades señaladas por la madre, Elva María Cruz, están que la niña había sido retirada del cuido de su abuela materna, Ana Francisca Gómez, desde octubre pasado por trabajadores del Ministerio de la Familia en la comarca de Colocondo, en San Juan de Limay, Estelí; que en Jinotepe, Carazo, a cientos de kilómetros de donde tomaron a la bebé, se estaba efectuando un juicio en el Juzgado de la Familia, para declarar desamparo total de la menor; esto sin notificarle a la madre ya que la única notificación que se hizo fue a través de un edicto, pero con el nombre de la madre cambiado a Elda Mariel.
Otras contradicciones en las que cae Mifamilia en el juicio son que por un lado argumentan que la identidad de los padres y parientes de la menor es “totalmente desconocida”, para que se les beneficie con la tutela de la menor, quien estuvo inicialmente en el Centro de Protección Rolando Carazo, en Managua, pero hay otro documento con firmas aparentemente falsas en el que madre y abuela “juran” que les entregan a la menor a las autoridades estatales.
El abuelo paterno de la niña, Marlon Castillo, quien hasta esta semana trabajó como asesor legal en la delegación de Enacal para Estelí, Madriz y Nueva Segovia, denunció que fue despedido porque no aceptó “bajar el gas” en el reclamo por su nieta, tal como le “aconsejaron” cuando fue citado a Managua, el director de Enacal, Ervin Barreda y el alcalde de Estelí y secretario político del Frente Sandinista en ese departamento, Francisco Valenzuela.
Pero como si todas las irregularidades mencionadas antes fueran pocas, al presentarse la madre al juzgado, superando todos los obstáculos, la audiencia inicial fue suspendida, no cancelada, y continuará hoy.
A pesar de no ser este el único caso de adopción irregular que ha salido a luz desde que el caso de Freydell Monserrat fue hecho público por LA PRENSA, y a pesar de todas las irregularidades denunciadas por la joven madre y sus parientes, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el caso: ni del Ministerio de la Familia, ni del Juzgado de la Familia, ni la Fiscalía y mucho menos la primera dama y vocera del Gobierno, Rosario Murillo, quien cada mediodía repite a través de los medios oficialistas mensajes sobre unidad y familia.
Ese silencio es claramente una muestra de soberbia de parte de este gobierno, pero también una descomunal irresponsabilidad ya que no se molestan en aclarar una situación en la que una humilde familia denuncia con valentía y pone en tela de juicio el actuar del ministerio encargado de vigilar por el bienestar de la niñez y las familias nicaragüenses.
El secretismo, la soberbia, la actitud irresponsable tienen un límite. Ese límite debería ser la seguridad de la familia. Están obligados a aclarar lo que está pasando.
