La observación electoral nacional e internacional es pieza fundamental de la democracia participativa y representativa. Con mucha mayor razón en países en transición.
El papel de los observadores tanto nacionales como internacionales es clave para verificar que las elecciones se desarrollen respetando la ley y que los partidos políticos participen en igualdad de condiciones.
La observación no solo se reduce al día de las elecciones sino que puede cubrir todo el proceso. Es una regla de tres simple: a más observación más calidad electoral, más transparencia y más legitimidad en los resultados.
Nicaragua como Estado signatario de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos (y su Carta Democrática Interamericana) tiene el compromiso y el deber de promover y consolidar la democracia participativa y representativa, no la directa populista.
Los Estados, parte del sistema interamericano, comparten un compromiso democrático común que debe expresarse en el deber de fortalecer sus instituciones en beneficio de la ciudadanía.
Estos compromisos de Estado están recogidos en los siguientes documentos:
1. La Declaración de “Principios sobre Solidaridad y Cooperación Interamericanas” (Buenos Aires 1936).
2. En la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, celebrada en México en 1945.
3. En la “Declaración de México” que recoge el principio que “el hombre americano no concibe vivir sin justicia y sin libertad”, principio que concilia la dimensión social de la democracia con su dimensión política.
4. En la Novena Conferencia Internacional Americana de Bogotá, 1948, que culminó con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, la que fue reformada sucesivamente en Buenos Aires, Cartagena de Indias, Washington y Managua.
5. El “Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano”.
6. La Resolución AG/Res.1080 sobre Democracia Representativa.
7. La Declaración de Nassau.
8. La Declaración de Managua sobre la Promoción de la Democracia y el Desarrollo, de 1993.
9. La Carta Democrática Interamericana del 11 de septiembre del 2001, Lima, Perú, que significó un salto del Sistema Interamericano en cuanto a la Defensa Colectiva de la Democracia, su respeto, promoción y consolidación.
10. La Declaración de Florida, “Hacer realidad los Beneficios de la Democracia” aprobada el 7 de junio del 2005 durante la XXXV Asamblea General de la OEA y que declara en sus primeros cinco incisos la necesidad de aplicar la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana en los asuntos que amenacen la democracia representativa en cualquier Estado Miembro de la OEA.
La Misión de la OEA no solo se limita a la defensa de la democracia en casos de ruptura del orden constitucional e institucional sino de acciones para prevenir tales rupturas.
La OEA ha sido un acompañante, testigo y actor protagónico de la lucha del pueblo nicaragüense por obtener su libertad y la vigencia de la democracia participativa y representativa, en un Estado de Derecho, donde el respeto a sus derechos humanos esté plenamente garantizado.
Estos son los antecedentes y los compromisos asumidos por el Estado de Nicaragua, compromisos que van más allá de los gobiernos de turno y cuya razón final es la construcción de una nación de hombres y mujeres libres, conviviendo bajo reglas del juego fundadas en los valores supremos de libertad, democracia y paz.
Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el secretario general dispone de la Iniciativa y nada obsta para que él mismo o el Consejo Permanente la adopten a solicitud de otros órganos del poder público o de los partidos políticos o de la sociedad civil del Estado concernido.
Nicaragua reclama nuevamente la presencia de la OEA lo que no debe ser interpretado como intervención en nuestros asuntos internos sino una legítima presencia, legitimada además por nuestra propia historia.
¡Es la hora, señor Almagro!
El autor es diputado en el Parlamento Centroamericano por el Partido Liberal Independiente (PLI).
