La hermana del rey de España, Cristina de Borbón, se sentó ayer por primera vez en el banquillo de los acusados, aunque con la esperanza de estar en el mismo poco tiempo, imputada de fraude fiscal en un juicio por corrupción protagonizado por su marido Iñaki Urdangarín.
En la vista oral de un macrojuicio que debe durar hasta junio, tanto su defensa como la Fiscalía y la Abogacía del Estado desplegaron un arsenal de argumentos ante tres juezas de Palma de Mallorca para intentar que la infanta, de 50 años, no sea procesada.
Pero a la espera de que el tribunal decida, Cristina tuvo que sentarse junto a los otros 17 acusados en una sala presidida por el retrato de su hermano Felipe VI, jefe de Estado desde la abdicación de su padre, el rey Juan Carlos, en junio de 2014.
Es la primera vez que un miembro de la familia real española se sienta ante un juez, en este caso la infanta está imputada por su presunta cooperación en los delitos fiscales de su marido, que está acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales.
CASO NOOS
El juicio es sobre la actividad del Instituto Noos, una fundación sin ánimo de lucro presidida por Urdangarín, con la que él y sus socios supuestamente se apropiaron de 6.6 millones de dólares de las arcas públicas españolas y posteriormente lo drenaron a sus patrimonios a través de un entramado societario.
La infanta siempre ha asegurado desconocer esos negocios y haber confiado ciegamente en su marido, del que se negó a divorciarse pese a la presión de una Casa Real determinada a limitar los daños en la ya maltrecha imagen de la corona.
La hermana del rey enfrenta una petición de pena de ocho años pero únicamente por parte de una acusación popular —la asociación ultraderechista Manos Limpias—, dado que ni la Fiscalía ni la Hacienda pública actuaron contra ella.
Ahí radica su esperanza de escapar al juicio: una hora después de la apertura del proceso, su defensa argumentó que no puede ser juzgada si únicamente es acusada por una acción popular. “Lo apoya una doctrina consolidada del Tribunal Supremo, ratificada por el Tribunal Constitucional”, afirmó uno de sus abogados.
La sesión, dedicada a cuestiones de procedimiento, duró casi 13 horas, con algunas pausas. El juicio se reanudará el 9 de febrero y el tribunal anunció que decidirá como muy tarde ese día sobre si se juzga o no a la infanta.
