La inminente deportación a la que se enfrentan miles de indocumentados en Estados Unidos ha encendido las alarmas en Honduras, donde diversos sectores aseguran que la medida tiene un tinte político y piden un modo más humano para abordar el tema.
La Pastoral de Movilidad Humana, una organización de la iglesia Católica de Honduras, expresó su preocupación por la intensificación de las redadas y deportación de inmigrantes, la mayoría centroamericanos, y pidió al presidente estadounidense, Barack Obama, que pare las deportaciones.
«Nos ha dado mucha tristeza, teníamos esperanza de que por lo menos las madres y los niños tuvieran más alternativas a la deportación», dijo a Acan-Efe Lidia Souza, de la Pastoral de Movilidad Humana, tres días después de que 19 menores regresaran al país acompañados de sus mamás.
El Gobierno de Obama informó el pasado lunes 4 de enero de la deportación de 121 inmigrantes indocumentados, en su mayoría centroamericanos, detenidos el pasado fin de semana en una serie de operaciones en los estados de Georgia, Texas y Carolina del Norte.
Las redadas «siempre han sido una práctica de Estados Unidos, no es algo novedoso, es algo que ya estábamos esperando», subrayó Souza.
No obstante, considera que estas acciones no van a detener la migración de hondureños a Estados Unidos. Sus compatriotas «continuarán emigrando» porque «Honduras no da condiciones dignas de vida a nadie», «por miedo» a la violencia causada por el crimen y las pandillas, así como por el desempleo, señaló.
Indicó además que EE.UU. debe «dar una alternativa a las deportaciones», de lo contrario Honduras no podrá alcanzar los objetivos del Plan Alianza para la Prosperidad, una iniciativa que también impulsan El Salvador y Guatemala y busca frenar la migración irregular de sus ciudadanos.
El Congreso estadounidense aprobó el 18 de diciembre pasado una partida de 750 millones de dólares para apoyar el Plan Alianza, que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.
Souza enfatizó en la necesidad de buscar un modo «más humano» de abordar las deportaciones que, en su opinión, «no deben verse como un tema de seguridad nacional, sino humanitario».
Según las autoridades de Tegucigalpa, en EE.UU. viven un poco más de un millón de hondureños, entre residentes legales e indocumentados.
Para el analista político hondureño Raúl Pineda las redadas de inmigrantes son «una acción política electoral» y los países centroamericanos «no puede hacer nada» para detenerlas.
Las deportaciones son un tema que el magnate y precandidato republicano para la presidencia de la Casa Blanca Donald Trump ha puesto «en el centro del debate y al cual el Gobierno demócrata tiene que dar una respuesta», subrayó Pineda a Acan-Efe.
Señaló que para tratar la situación es necesario que los gobiernos de la región generen puestos de trabajo para que sus ciudadanos puedan «vivir en mejores condiciones» en sus países.
A juicio del analista, las redadas y deportaciones de centroamericanos pueden «disminuir» en la medida que avance el proceso electoral en Estados Unidos.
En el mismo sentido se expresó la directora de la ONG Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR), Valdette Willeman, quien dijo a Acan-Efe que las deportaciones tienen «un tinte político».
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Willeman estima que si estas medidas continúan, la deportación de hondureños este año aumentará hasta en un 60 % con respecto a los 19.336 nacionales retornados en 2015.
La directora del CAMR se sumó así a la creciente lista de personas y organizaciones que han alzado sus voces en contra de las deportaciones de inmigrantes centroamericanos.
El presidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), José Antonio Alvarado, apeló el viernes al sentido humanitario del presidente estadounidense para pedirle que
pare las deportaciones de inmigrantes.
Honduras, Guatemala y El Salvador indicaron el jueves que dan «seguimiento conjunto» a las redadas y que son «conscientes» de que la migración debe ser abordada de «manera integral, corresponsable y humana».
En una declaración conjunta divulgada en Tegucigalpa, las tres naciones abogaron porque EE.UU. apruebe una «reforma migratoria integral», hasta ahora postergada, que
contribuya «a la solución estructural de esta problemática».
Los países del Triángulo Norte de Centroamérica- Honduras, El Salvador y Guatemala- han instruido a sus consulados en Estados Unidos para que asesoren a compatriotas que lo soliciten o sean afectados por estas medidas migratorias.
