El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) dio a conocer sus logros en la aprobación de las leyes y la normativa en general de los temas que interesan a los empresarios y por ende benefician a la economía nacional.
El martes 15 de diciembre, en su columna de opinión que se publica todas las semanas en LA PRENSA, el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, reiteró que “es al sector privado en el ámbito económico, como usuarios de las leyes, reglamentos y acuerdos administrativos, a quien le corresponde incidir y fortalecer sobre este tema en la agenda legislativa y ejecutiva que se discute en el país…”
Aguerri detalló que de 26 leyes que fueron aprobadas en el año 2013, el Cosep incidió técnicamente en 12 de ellas. En el siguiente año, la incidencia del Cosep fue en 16 de las 38 leyes aprobadas. Y en el 2015, que concluye ahora, el Cosep incidió en 12 de las 32 leyes aprobadas. O sea que, escribió el líder del Cosep: “En estos tres años la Asamblea Nacional ha aprobado 96 leyes y nuestro trabajo nos ha permitido alcanzar consenso en un total de 40 de esas leyes para un porcentaje de incidencia superior al cuarenta por ciento, aunque en el caso del ámbito económico logramos consenso en cada una de ellas”.
Mencionó además el señor Aguerri que en la legislatura de la Asamblea Nacional de este año, los representantes empresariales estuvieron presentes en 47 sesiones ordinarias, asistieron a todas las sesiones de consulta y trabajo de las comisiones legislativas y dieron seguimiento a “la aprobación de 32 decretos legislativos, de los cuales 16 son préstamos en materia económica”. Y aseguró que al menos 11 leyes, incluyendo la controversial Ley de Seguridad Soberana, fueron aprobadas en consenso de los empresarios con el Gobierno.
Sin duda que todo lo dicho por Aguerri es un logro para el sector empresarial y es lógico que se sientan orgullosos. Pero nos parecer que hay que hacer una excepción con la Ley de Seguridad Soberana, que independientemente de lo que haya podido aportar el Cosep para tratar de suavizarla, es un instrumento legal de represión para apuntalar el régimen autoritario orteguista. No en balde se excluyó de ella el concepto de seguridad democrática que era lo esencial en la ley anterior que fue derogada.
La estrategia del Cosep de entendimiento e interacción con el Gobierno es válida, considerando que Nicaragua no es un país normal en cuanto a Estado de Derecho y funcionamiento del sistema político de la democracia republicana. Y sobre todo recordando los nefastos antecedentes de las relaciones de Daniel Ortega con la empresa privada, en el decenio de la revolución sandinista de los años ochenta. De manera que todo lo que haga el Cosep por mantener a Ortega en el cauce de la cooperación con la clase empresarial y respeto a la economía de mercado, es muy importante para los intereses empresariales y la economía nacional.
Pero también debería haber un entendimiento del gobierno con los partidos políticos y la sociedad civil, para que estos igual que el Cosep también tengan incidencia en la legislación y la normativa general del país. Los empresarios y el gobierno son partes muy importantes de Nicaragua, pero también lo son los otros sectores sociales y políticos que son excluidos y avasallados por el régimen autoritario de Daniel Ortega.
