El Gobierno de Nicaragua manejó el problema de los casi dos mil migrantes cubanos que el domingo 15 de noviembre entraron en el territorio nacional, procedentes de Costa Rica, sin tener autorización legal para cruzar la frontera, como cualquier régimen autoritario, policíaco y militarista maneja esta clase de situaciones. Es decir, con gran despliegue de fuerza militar y policial y reprimiendo a los migrantes, entre los cuales había no pocos niños y mujeres.
Es cierto, como dicen los expertos en derecho internacional, que las autoridades nicaragüenses hacen lo correcto al no permitir la entrada al país de ningún extranjero que no esté autorizado para hacerlo. Y también tienen razón al decir que si las autoridades costarricenses querían que el Gobierno de Nicaragua permitiera a los migrantes cubanos cruzar su territorio, debieron negociarlo antes por la vía diplomática.
Sin embargo, si las autoridades de Costa Rica fallaron en el manejo de este problema, el Gobierno de Nicaragua actuó peor al reaccionar de manera desproporcionada, desplegando una enorme fuerza policial y militar para intimidar, reprimir y rechazar a los migrantes cubanos.
Este problema es tan complicado como cualquier otro conflicto migratorio internacional. Pero tiene además complejidades específicas, sobre todo la que se deriva de la naturaleza totalitaria del régimen de Cuba. Para el Gobierno de este país todos los cubanos que huyen del sistema comunista son apátridas, enemigos del Estado, agentes del imperio, “gusanos” a los que ni siquiera se les reconoce su condición humana.
Por otra parte, el actual Gobierno de Nicaragua es el principal aliado de Cuba en América Central y el Caribe y entre ambos hay profundas afinidades ideológicas y tienen objetivos políticos comunes. Es entendible por lo tanto —aunque no justificable—, que por su afinidad con la dictadura totalitaria de Cuba el régimen orteguista dé a los migrantes cubanos que huyen del comunismo, el tratamiento brutal que les ha dado, independientemente de que hayan violado la soberanía de Nicaragua al entrar a su territorio sin ser autorizados.
En un reportaje de investigación publicado el lunes de la presente semana, el diario La Nación de Costa Rica informó que entre el 1 de octubre de 2014 y el 30 de septiembre de 2015, más de 23,000 emigrantes cubanos pasaron de manera ilegal por Costa Rica (y por lo consiguiente por Nicaragua) con rumbo a EE. UU. Y agregó que los traficantes que los trasladaban cobraban por cada uno de ellos entre 7,000 y 15,000 dólares. Un gran negocio ilícito desde donde se le mire.
Precisamente la crisis de los migrantes cubanos estalló porque Costa Rica desmanteló la banda de traficantes de personas que los trasladaban. Hasta entonces no hubo problemas, seguramente porque algunas autoridades de estos países los dejaban pasar a cambio de sobornos. Pero de cualquier manera, se trata de un problema humanitario y así debería ser manejado por los gobiernos de Centroamérica, no en la forma militarista y represiva que los ha tratado el régimen orteguista de Nicaragua.
Ver en la versión impresa las páginas: 12 A
