El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), denunció persecución y amenazas a esa organización, por lo cual su presidenta, Vilma Núñez, responsabiliza al Gobierno.
Y en particular contra el promotor de esa organización en Ocotal, Byron Herrera, denunció que el jefe de la Policía de Ocotal, Óscar Reyes, lo acusa de organizar a la población, para ir a quemar la delegación. Pero la realidad, dice Herrera, es que él ha visto atropellos contra la ciudadanía.
Menciona el caso de un conductor oriundo de Ocotal, que por llevar alimentos a pobladores del corredor seco, Reyes ordenó que lo custodiaran a San Benito cuando el hombre habita en esa localidad. A su vez, Herrera fue bajado de un bus de transporte colectivo cuando viajaba a Managua para participar en la marcha del Canal.
Herrera dijo que Reyes le amenazó que «cueste lo que cueste que él me va a meter preso».
Núñez señaló que este no es un hecho aislado pues «se inscribe prácticamente dentro de la escalada de persecución, hostigamiento y obstaculización» con riesgo para los miembros del equipo de esa organización. Y recordó Núñez que los más de mil promotores de la Red padre César Jerez del Cenidh, están cubiertos por las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El director del Cenidh, Mauro Ampié, señaló que esto es parte del intento de las autoridades policiales por criminalizar la labor de defensores de derechos humanos y también es parte del cierre de espacios en el país.
«El gobierno de Nicaragua está obligado a respetar lo dispuesto en la declaración sobre defensores de Naciones Unidas y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos…en el marco de las medidas cautelares que fueron otorgadas por la CIDH vamos a denunciar este hecho», manifestó Ampié.
