Sin lugar a dudas que el primer beneficiado de una observación electoral nacional e internacional en las próximas elecciones sería nuestro país, Nicaragua; el gobierno y la ciudadanía. Es una operación “ganar-ganar”.
Lo “opaco” —por decir lo menos— de las elecciones del 2011 y los cuestionamientos a las precedentes del 2008 son razones suficientes para que en el 2016 nada justifique la ausencia de misiones de observación electoral, de las instituciones y organizaciones internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), el Centro Carter y para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que aunque no envía misiones de observación electoral, coadyuve técnicamente a mejorar las condiciones electorales, como lo demandaron en su momento los Informes de las misiones de observación de la OEA, la UE y el Centro Carter. Es obvio que se trata de decisiones de buena fe como corresponde a un Estado responsable, no de marrullas encaminadas a entorpecer la labor de los observadores tanto nacionales como internacionales. No es para repetir las operaciones encaminadas a “tapar el radar a la OEA” o la UE sino para garantizar que la ciudadanía vote en base al principio de sufragio efectivo, libre, directo, secreto, veraz e informado.
El presidente Daniel Ortega ya no puede seguir jugando con la voluntad del pueblo nicaragüense. Temas como la depuración del padrón electoral o la composición de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) o tantos temas recogidos por las misiones precedentes elevados al Gobierno como recomendaciones que deberían ya estar vigentes, son impostergables como precondiciones a aplicarse antes de las elecciones generales de noviembre del 2016.
Lo que ha sucedido con las elecciones en Nicaragua nos da la suficiente fuerza legal, política y moral para demandar que la presencia de observadores electorales se amplíe a representantes de organizaciones de derechos humanos del sistema hemisférico y de las mismas Naciones Unidas, las internacionales políticas, expresidentes y gobiernos democráticos, para que los resultados de esas elecciones sean creíbles y otorguen la mayor legitimidad posible. Esta solo se logrará con un proceso electoral transparente y debidamente observado. Y no es con el mal llamado “acompañamiento”, esa figura que se han inventado los gobiernos que rechazan el voto como medio eficaz para lograr la alternabilidad en el ejercicio del poder, aparece como “apañamiento”, una forma de complicidad en la realización de fraudes electorales. Organismos creado exprofeso para esa tarea se hacen presente en periodos electorales con el único objetivo de servir de caja de resonancia a los llamados países denominados socialistas del siglo XXI, que como está muy bien demostrado son más remedos de dictaduras militares del pasado que de verdaderos procesos revolucionarios democráticos.
Luego del comportamiento del Consejo Supremo Electoral en las elecciones precedentes, lo mínimo que podemos demandar son unas “elecciones supervigiladas” para evitar que ese poder del Estado siga actuando como un instrumento al servicio del partido en el poder y se dé paso a una institución creíble, que cuente bien los votos y que nos regrese a los nicaragüenses el derecho de elegir y ser elegidos. Que nos regrese la democracia electoral como un primer paso hacia la recuperación de la República. En ese camino el documento denominado “Propuesta urgente para devolver a los nicaragüenses el derecho a elegir” presentado a la opinión pública por el PLI y la Coalición Nacional por la Democracia, establece una serie de medidas de impostergable e ineludible cumplimiento gubernamental para dotar al sistema de la credibilidad necesaria antes de noviembre del 2016: 1. Publicidad de la normativa electoral, 2. Garantías de Transparencia del proceso electoral y 3. Reformas Institucionales al poder electoral.
Está en el lado gubernamental la decisión si las elecciones del 2016 serán una contribución a la paz y la estabilidad o se repetirá la historia de burla sangrienta de la voluntad popular que abriría las puertas a más inestabilidad e inseguridad para el noble pueblo nicaragüense.
El autor es diputado en el Parlamento Centroamericano. Presidente Comisión de Relaciones Internacionales del PLI
