El Ministerio Público acusó ayer a nueve pastores congregados en el movimiento Cuerpo Místico del Señor Jesucristo porque expusieron al peligro la vida de 596 personas, entre ellas 311 niños, por acamparlos bajo champas de plástico, chozas de paja a la intemperie y en condiciones insalubres.
Según la fiscal Inés Miranda, el campamento se llama Futuro Hogar y está ubicado en la comarca Mechapa, de la comunidad de Venecia, en El Viejo-Chinandega, pero sus líderes supuestamente planearon los hechos en Managua, específicamente en Bosques de Altamira, en casa de Elvin René Aguilar Maradiaga, de nacionalidad hondureña.
Esta justificación botó el primer incidente promovido por las defensas, en cuanto a la competencia del juez Julio César Arias, titular del Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua.
Según la acusación, existe un informe del Ministerio de Salud (Minsa) cuyas autoridades visitaron el campamento y constataron las condiciones en que habitaban estas personas y que no permitían que los niños estudiaran o recibieran medicamentos porque estaban convencidos por sus líderes religiosos que no necesitaban nada pues estaban a la espera del “rapto divino o apocalíptico”.
“En el campamento, las personas no contaban con servicios básicos de primera necesidad, sin alimentación adecuada, sin aseo personal, negando a todos los miembros del campamento el acceso a atención médica y a la educación”, dice la acusación.
Las acusaciones contra Francisco Javier Sánchez —supuesto líder del movimiento y considerado “el ungido del Espíritu Santo”— son construcción en lugares prohibidos y exposición y abandono de personas.
Junto al líder, también fueron acusados Samuel Funes, Carlos Antunes, Elvin Aguilar, Orlando Funes, Héctor Funes, Iván Orellana, todos de nacionalidad hondureña. Además el guatemalteco Jerson López y el nica prófugo Gerald Pozo.
El líder religioso convenció a sus seguidores de vender todo y entregarle el dinero porque solo estaban esperando el rapto divino.
RESOLVERÁ EL MARTES
Durante la audiencia preliminar, el abogado Isaac Flores promovió un incidente de falta de legitimidad para acusar, considerando que los niños víctimas tienen padres y son ellos los que deberían acusar y no la Fiscalía, pero la fiscal Inés Miranda rechazó esa posición y dijo que ellos están facultados por ley para representar a la víctima.
El judicial Julio César Arias suspendió la audiencia reprogramando su continuación hasta el 20 de octubre, donde resolverá el incidente y se referirá a la admisión de la acusación y a la medida cautelar.
