En días pasados vimos brotes de violencia en el occidente del país como consecuencia de la falta de atención estatal a problemas asociados con la violación a la libertad sindical en el caso de Mina El Limón y el añejo problema de salud pública en pobladores de Chichigalpa que padecen insuficiencia renal crónica. Por su parte, el régimen ha optado por la criminalización de la protesta mediante la detención de los líderes de estos movimientos sociales y la obstaculización del ejercicio periodístico, a pesar que ambos son hechos violatorios de los derechos humanos. Por lo pronto me referiré al último.
La obstaculización del ejercicio periodístico en una manifestación se explica por el temor que las noticias alienten nuevas protestas, sin embargo, ello representa una violación a la libertad de expresión por impedir la búsqueda de información a los periodistas y comunicadores, además afecta el derecho a estar informado de las personas. En esta lógica, en septiembre de 2013 se dio una declaración conjunta de las relatorías de libertad de expresión de la CIDH y la ONU sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales.
Esta declaración parte del reconocimiento que la labor informativa en el marco de manifestaciones sociales es riesgosa al convertir a los periodistas y comunicadores en blancos de detenciones, amenazas y agresiones. También reconoce la importancia de la cobertura de medios de comunicación a manifestaciones, ya que garantiza nuestro derecho a estar informados (las manifestaciones tienen notorio interés público) y adicionalmente sirve como elemento persuasivo que previene el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la autoridad.
En igual sentido, afirma que es obligación de las autoridades proteger a los periodistas y comunicadores de cualquier ataque o agresión, así como mitigar los riesgos para que ejerzan su labor. De hecho, establece la obligación especial de condenar las agresiones a periodistas y comunicadores en manifestaciones, así como investigar diligentemente los hechos y castigar a los responsables.
Por otra parte, en relación con los periodistas y comunicadores que brindan cobertura a manifestaciones, las autoridades deben abstenerse de: detenerlos, amenazarlos o limitar su labor; destruir o confiscar su material de trabajo; restringir de forma desproporcionada el acceso al lugar; y prohibir u obstaculizar la transmisión en vivo de los hechos.
Los relatores sostienen que los periodistas y comunicadores deben ser considerados observadores independientes y no testigos. No pueden obligarlos a declarar porque ello atenta contra su seguridad y la de sus fuentes, obligarlos a declarar afecta la libertad de expresión por el efecto inhibidor en las fuentes y convertir a los periodistas y comunicadores en blancos de grupos violentos.
Por último, advierten el deber de las autoridades de no estigmatizar o estereotipar a los manifestantes y sus reivindicaciones, así como no generalizar con base al comportamiento de grupos. Ello porque los funcionarios son garantes de derechos humanos y sus declaraciones no pueden convertirse en injerencias contra quienes pretenden contribuir al debate público.
En Nicaragua, día a día se recrudece más el ejercicio de la libertad de expresión y para que no se extinga esta llama esencial de la democracia, se hace necesario que los medios de comunicación independientes y la sociedad civil sumen esfuerzos con sentido estratégico. A nivel internacional existen buenas prácticas para posesionar en la agenda pública temáticas de derechos humanos por medio de la creación de un Ombudsman desde la sociedad civil para promover y defender derechos, generalmente de grupos en situación de vulnerabilidad. Contar en nuestro país con la figura de un Ombudsman de libertad de expresión de sociedad civil, con la finalidad de promover y defender este pilar de la democracia con sentido estratégico, puede convertirse en una alternativa efectiva.
El autor es maestro en Derechos Humanos
