Es comprensible que la jefa de la Policía se sienta afectada emocionalmente, ante la racha de muertes violentas de miembros del cuerpo policial en el desempeño de sus funciones de guardianes del orden público. Se conoce que por lo menos 16 policías han muerto cumpliendo su deber profesional en menos de un año, el último de ellos el oficial Kevin Valle que perdió la vida este martes 6 de octubre en los disturbios de Mina El Limón.
La muerte prematura y violenta de todos y cada uno de los miembros de la Policía es lamentable y merece la condena de la sociedad. La vida de cualquier persona humana es sagrada, tanto de los policías como de los ciudadanos civiles e incluso de los alzados en armas que las autoridades policiales llaman delincuentes. También los criminales tienen derecho a la vida y el hecho de que cometan delitos no justifica que se les maltrate y mucho menos que se les mate estando en situación de indefensión.
Sin embargo, aunque se sienta conmovida emocionalmente por la muerte violenta de los oficiales de la Policía, la jefa de la institución es una servidora pública profesional y tiene la obligación de controlar sus emociones, sobre todo en sus relaciones con la sociedad y particularmente con los medios de comunicación y los periodistas. La jefa de la Policía no debería molestarse porque una periodista de LA PRENSA le pide su opinión acerca de por qué algunos civiles desarmados, inclusive mujeres, pueden someter y desarmar a oficiales especializados en operaciones especiales que se supone tienen mucha preparación en el manejo de armas, en las artes marciales y la defensa personal. Esto es algo realmente insólito que merece una clara explicación.
Por otra parte, nosotros condenamos la violencia en todas sus formas, por la razón que sea e independientemente de quienes la practican. Con la misma energía y entereza que repudiamos la violencia de la Policía contra ciudadanos pacíficos e indefensos, condenamos también la violencia criminal que practican algunas personas y grupos de civiles contra miembros de la institución policial, como en el caso de Mina El Limón o en el de los cinco policías asesinados en Punta Gorda a mediados de agosto pasado.
La violencia es una manifestación irracional de la naturaleza humana que debe ser condenada sin condiciones de ninguna clase. Pero ante todo debe ser prevenida con educación cívica sistemática, con la promoción de la tolerancia y del ejercicio pacífico del derecho de protesta pública, y con el ejemplo del respeto a los derechos humanos por parte de los gobernantes.
Lamentablemente no fue eso lo que practicó el partido que actualmente detenta el poder, ni lo que enseñó a sus seguidores y a los ciudadanos en general cuando estaba en la oposición. Por el contrario, el partido orteguista promovió el uso de la violencia en las luchas sociales y las protestas públicas. Y ahora que está en el poder, que lo ejerce de manera absolutista y se resiste incluso a hacer concesiones parciales, está pagando lo que practicó en el pasado y haciendo pagar injustamente a toda la sociedad.
