Después de 13 años de ocurrido el asesinato de Francisco José García Valle, esposo de la defensora de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, María Luisa Acosta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos autorizó iniciar la tramitación del caso “María Luisa Acosta y otros vs. Estado de Nicaragua”.
Este caso ya había sido previamente presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington DC, Estados Unidos.
Ante la presentación del caso la CIDH indicó que “la falta de investigación y sanción a los responsables de violaciones contra defensoras y defensores constituye el factor que en mayor medida aumenta el riesgo de las y los defensores, pues los deja en una situación de indefensión y desprotección”.
Según explicó el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi), a través de un comunicado de prensa, “el caso versa sobre las graves irregularidades cometidas en el proceso penal seguido por el sistema judicial nicaragüense”.
El asesinato fue cometido por sicarios en la vivienda que compartían Acosta y García Valle en Bluefields, en la Costa Caribe Sur de Nicaragua, el 8 de abril del año 2002.
Al momento del asesinato Acosta era la apoderada legal de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Cuenca de Laguna de Perlas y del territorio Rama y Kriol, perjudicadas por la venta ilegal de los Cayos Perlas y de otras propiedades, realizada entonces por Peter Tsokos y Peter Martínez Fox.
Haber logrado la admisión del caso le produce a Acosta “sentimientos encontrados. Por un lado tengo una sensación de éxito, pero por otro lado tengo una sensación de indignación, de que tengan que pasar 13 años del asesinato de mi esposo y estar en una entidad internacional para poder buscar justicia, que es un derecho humano y que debería proveerme mi Estado, del país donde yo pertenezco”.
SUGERENCIAS DE LA CIDH
Según detalló el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi) en junio de 2007 se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el 29 de marzo de 2015, la CIDH determinó que los derechos humanos de María Luisa Acosta Castellón, y otros familiares de Francisco José García Valle, habían sido violados por el Estado de Nicaragua. Por tanto, la CIDH le recomendó al Estado de Nicaragua “adoptar una serie de medidas tendientes a proteger de mejor manera a las y los defensores de derechos humanos en Nicaragua, así como reparar adecuadamente a las víctimas del caso”.
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