La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de nulidad dictada por el Tribunal de Apelaciones de Granada, que en 2012 sirvió para que el estadounidense Jason Puracal pudiera salir del país. La sentencia emitida en julio pasado también benefició a otros diez reos nicaragüenses que estaban procesados por crimen organizado, transporte internacional de droga, lavado de dinero y bienes activos. Esta sentencia no libera de responsabilidades a los procesados. Uno de los firmantes de la sentencia, el magistrado Rafael Solís, recordó que la sentencia no ha lugar a declararlos inocentes, tampoco culpables. Y que en la sentencia él dijo que a los nicaragüenses implicados en las acusaciones por crimen organizado “hay que buscarlos”.
La abogada defensora de tres de los acusados, María Esperanza Peña, está consciente de que con la anulación de la sentencia, “es como que no haya habido un proceso y si no hubo un proceso, ellos no están ni en calidad de acusados ni en calidad de absueltos”.
Peña reiteró sus alegatos en la CSJ de que sus defendidos eran inocentes y que la acusación presentaba muchas inconsistencias.
Cuando se anula una causa es porque hay violación a cualquiera de los principios del Derecho, opinó el secretario general de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez.
De esta forma la víctima queda con la opción de poder ejercitar la acción penal, por el derecho que le asiste de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Código Penal. En este caso la Fiscalía representa a las víctima y aunque fue consultada en cuanto a que si habrá una nueva acusación, las autoridades no respondieron.
El año pasado Jason Puracal, cuya familia siempre alegó inocencia, introdujo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición en busca de justicia que le permita regresar a Nicaragua junto con su familia.
NO HABÍA PROBLEMAS
La abogada María Esperanza Peña expresó que “es una historia que nunca tuvo una buena correlación entre lo que se decía y lo que realmente existía como evidencia”.
Y a criterio de la defensora, tantas inconsistencias en el caso fue lo que llevó a que “el juez de primera instancia tambaleara bastante al tomar sus decisiones. Y lo que originó que los abogados peleásemos la violación a los derechos constitucionales y al debido proceso”.
La defensora consideró que no existían pruebas sólidas con suficiente fundamentación y el juez de primera instancia “condenó como quien dice con lo que tenía, y al hacerlo violentó derechos fundamentales”. Y fue por ello que como defensores solicitaron la nulidad de todo lo actuado, que lo declaró el Tribunal de Apelaciones.
“Hay que hacer un juicio de nuevo, obviamente (Jason) Puracal lo dudo mucho que regrese a Nicaragua a enfrentar un juicio, pero los otros que son nicaragüenses van a tener que enfrentarlo”. Rafael Solís, magistrado CSJ.
