Daniel Ortega, en su acción devastadora de las instituciones para allanarse el camino al poder absoluto, ilimitado e indefinido, ha convertido a la Asamblea Nacional en una caricatura de poder legislativo.
Desde que recuperó la Presidencia de Nicaragua en 2007 y, gracias al pacto con Arnoldo Alemán y el PLC, comenzó a concentrar en sus manos todos los poderes del Estado y las funciones del Gobierno, Ortega hizo de la Asamblea Nacional un instrumento político personal, un circo de actos legislativos espurios y una arma de intimidación y castigo a enemigos políticos, incluyendo diputados que se distinguieron por ser sus obedientes aliados.
El capítulo más reciente de esta sórdida historia ha sido la destitución del diputado indígena miskito Brooklyn Rivera, mediante un flagrante y descarado atropello al procedimiento constitucional y legal establecido para desaforar y destituir a funcionarios de elección popular. Y ha sido aún más bochornoso este caso, porque el legislador miskito fue destituido arbitrariamente por la propuesta y la justificación de un prominente diputado orteguista que ejerce a la vez la cátedra de derecho constitucional en una prestigiosa universidad de Nicaragua. Algo que tiene que ser motivo de vergüenza para la comunidad universitaria, para la cátedra constitucionalista y para el claustro profesoral de la alta casa de estudios.
El Parlamento, Poder Legislativo, Asamblea Nacional, Congreso o como quiera que se llame esa institución representativa y legislativa de acuerdo con las costumbres y normas de cada país, es la institución del poder público más prestigiosa y respetable en todas partes del mundo. Su prestigio comenzó desde la antigua civilización griega que fundó la democracia y fue revalidado muchos siglos después, cuando en 1251 el Parlamento inglés obligó al rey absolutista a conceder la Carta Magna de Derechos y Libertades. Desde entonces, pertenecer al Parlamento o Poder Legislativo ha sido una de las aspiraciones más codiciadas y motivo de máximo orgullo de quienes se consagraron a la función política y el servicio público.
También en Nicaragua la función parlamentaria gozó de gran prestigio, a partir de que se constituyó el Poder Legislativo a raíz de la Independencia Nacional de 1821. Sin embargo, y lamentablemente, ese prestigio se perdió durante el régimen somocista, porque los dictadores Somoza García y Somoza Debayle convirtieron el Congreso Nacional en un antro de corrupción y en un centro de componendas y pactos para perpetuarse en el poder.
Por eso el pueblo calificó despreciativamente como “la chanchera”, al Congreso Nacional somocista, y por eso mismo aplaudió jubilosamente su disolución por la fuerza de las armas sandinistas en julio de 1979.
Pero esa historia se está repitiendo, y para peor, ahora que el régimen orteguista ha convertido la Asamblea Nacional en algo igual o muy parecido a aquella desprestigiada entidad legislativa de la época somocista.
Cuando se recupere la democracia habrá que tomar algunas profundas medidas institucionales y legales, pero sobre todo educativas de los ciudadanos y de la clase política, para que los malandrines “constitucionalistas” no se vuelvan a adueñar del Poder Legislativo.
