Sin dudas la mayor preocupación de los actores económicos hoy es China, pero también empieza a preocupar —sobre todo entre vecinos y socios— Brasil, la sexta economía del mundo, y la primera de Latino América representando casi un tercio del total de la región.
Lo cierto es que Fernando Henrique Cardoso, sin ser excelente, protagonizó uno de los mejores gobiernos (1995-2002) que tuvo el gigante latinoamericano. Redujo la “inflación” —el aumento del IPC— desde el 22 por ciento en 1995 al 2.5 por ciento en 1998 y continuó la apertura económica iniciada por Fernando Collor de Mello. Entre 1991 y 2001, el Estado recaudó 103,300 millones de dólares por la privatización de empresas, mientras que el desempleo se mantuvo en torno al 5.5 por ciento.
Así se generó un boom de consumo, atrayendo numerosas inversiones, mejorando la recaudación fiscal, aunque la deuda estatal pasó de 14 por ciento del PIB en 1994 al 55,5 por ciento en el año 2000. Luego vino Lula y, para sorpresa, conservó la política económica pero aumentó el gasto “social”. Y Brasil creció estableciendo cierto liderazgo global gracias a las bases sentadas por Cardoso. Creídos los brasileros de que la política “social” de Lula era exitosa, la profundizaron con Dilma Rousseff y ahora tienen una crisis severa.
A un excesivo gasto estatal se le suma el menor crecimiento de China, serias dificultades en Argentina —su tercer socio comercial— y un bajo nivel de inversión y de ahorro del 15 por ciento del PIB. Así las cosas, Standard & Poor’s (S&P) bajó la nota de la deuda soberana brasilera desde “BBB-” a “BB+”, considerado como de “bono basura”, lo que supuso retirarle el “grado de inversión” que califica a los buenos pagadores.
Esta rebaja provocaría una salida de capitales de hasta treinta mil millones de dólares en el corto plazo, entre otros motivos, porque algunos fondos de inversión están obligados a desinvertir cuando cae el “grado de inversión”. Según S&P, la contracción del PIB brasileño será “más profunda”: -2,5 por ciento este año, -0,5 por ciento en 2016, y un ligero crecimiento en 2017. La “inflación” rondaría el nueve por ciento y el desempleo el ocho por ciento.
Ahora, el gobierno planea un nuevo “plan de ajuste” que llevaría el déficit de 0.5 por ciento a un superávit primario de 0.7 por ciento del PIB para el presupuesto 2016. Se recortaron gastos por 6,800 millones de dólares y aumentarían impuestos dándole al gobierno 7,300 millones de dólares de ingreso adicional. Congelan salarios del sector público, reducen los gastos; bajan los subsidios agrícolas y recortan los reintegros a los exportadores.
También se produciría un fuerte recorte de los programas como “Mi casa, mi vida” y otros como el de “Aceleración del Crecimiento”, de obras públicas, y “Bolsa familia”, la base del “Hambre cero”. En fin, esto de subir los impuestos es un círculo vicioso, porque quita dinero productivo del mercado y terminan siendo pagados por los pobres ya que los empresarios los pagan, por ejemplo, subiendo precios. Y no tiene sentido aplicarlos a planes “sociales” porque no tiene sentido sacarles a los pobres para luego devolvérselos.
Con una economía en contracción y graves casos de corrupción la popularidad de Dilma está en el mínimo histórico para un presidente (8 por ciento). Y aunque algunos hablan de renuncia, parece difícil que deje el cargo por el momento, si hasta el principal líder opositor, Fernando Henrique Cardoso, parece desalentar su remoción del cargo.
El autor es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
