El dirigente indígena miskito, Brooklin Rivera, fue destituido de su cargo de diputado por la bancada orteguista en la Asamblea Nacional (AN). Pero en la destitución de Rivera no se respetó el procedimiento establecido en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo y, por lo tanto, en estricto derecho él sigue siendo diputado.
En realidad, lo que hizo el orteguismo contra el diputado indígena que hasta hace poco era un estrecho aliado del partido oficialista FSLN, fue una atrocidad jurídica, un ajuste de cuentas de tipo estalinista.
Quizás Rivera sea culpable de los delitos que le achaca el orteguismo para justificar su arbitraria destitución. Pero también podría ser inocente. Para determinar la verdad era necesario que, ante todo, se aplicara a Rivera el procedimiento legal de desafuero y luego se le sometiera a la justicia, garantizándole su derecho a la defensa, a ser investigado de manera imparcial y a tener la posibilidad de demostrar su inocencia en el caso de que lo fuese.
Dada la complejidad del problema del tráfico de tierras de las comunidades indígenas en el Caribe Norte, en el cual se mezclan la compra y venta ilegal de propiedades que no se pueden enajenar, el saqueo de recursos forestales, la destrucción de áreas protegidas, el tráfico de droga, etc., era necesario crear una comisión investigadora como el mismo diputado indígena lo pidió antes de ser fusilado jurídicamente por el pelotón de diputados orteguistas. Petición que apoyó la oposición pero fue rechazada por la bancada oficialista, motivando así la sospecha de que algo muy grande se quiere ocultar.
En realidad, el descomunal delito que el orteguismo le imputa al dirigente miskito, de vender ilegalmente 1,566 kilómetros cuadrados de tierras indígenas, solo se pudo haber cometido en contubernio con las autoridades de Gobierno, regionales y centrales. De manera que la brusca destitución de Brooklin Rivera atropellando de manera flagrante el procedimiento constitucional, se revierte contra un régimen que no tiene ninguna credibilidad aunque mucha gente por conveniencia diga lo contrario en las encuestas.
Si fuese cierto que el régimen vela por el interés de las comunidades indígenas, como dicen los representantes orteguistas, ¿por qué no permite una investigación independiente? Por ejemplo, ¿por qué no solicitar a Naciones Unidas que, igual que hizo en Guatemala, forme una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Nicaragua, que comience por averiguar el sórdido asunto de las tierras indígenas de la Costa Caribe y siga después con tantas cosas que es necesario investigar y aclarar?
Algunas personas consideran que a Brooklin Rivera le han dado lo que merece por haber apoyado al orteguismo. Pero aunque su opción política haya sido desafortunada eso no lo hace menos ciudadano y sus derechos deben de ser respetados. Otra cosa es que los actuales aliados del orteguismo y otros que hacen fila para serlo, deberían mirarse en el espejo de Brooklin Rivera. El poder orteguista es implacable con sus aliados cuando, por la razón que sea, ya no le son útiles y quiere librarse de ellos.
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