Ayer el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) coincidió con el Gobierno en que no hay necesidad de declarar estado de emergencia por la sequía, ya que la situación no es tan grave como en otros países y la asistencia a los afectados puede manejarse con recursos del Presupuesto público.
“¿Qué es lo que ganamos con una alerta?”, se preguntó José Adán Aguerri, presidente del Cosep.
Según el dirigente empresarial, si el Estado a través del presupuesto tiene capacidad para entregar mensualmente 40,000 paquetes de alimentos a las familias afectadas, “que es un tamaño menor de afectación que en el resto de países de la región”, es mejor no recurrir a los recursos de la cooperación.
El Gobierno ha distribuido 37,000 paquetes de alimentos a las familias del Corredor Seco, según el último dato que dio ayer la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo.
Aguerri se preguntó: “¿Para qué vas a recurrir a los organismos internacionales por una situación que podés manejar con recursos del Presupuesto nacional?”
En los próximos días el Cosep espera tener cuantificadas las afectaciones causadas por la sequía en los distintos sectores productivos.
Guillermo González, codirector del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), (quien se reunió ayer con Cosep) dijo que mientras exista capacidad para atender a los afectados a través de un “seguimiento día a día”, no se contemplará la posibilidad de declarar emergencia.
El Gobierno reformará el Presupuesto público para pagar endeudamientos adquiridos por la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (Enabas), que usó para comprar alimentos que lleva a las familias del Corredor Seco, donde se perdió la mayoría de la cosecha del subciclo de primera. Esta medida es considerada por diputados opositores como reflejo del “mal manejo de la crisis” en el campo.
MAL MANEJO DE CRISIS, DICEN OPOSITORES
La propuesta de reforma presupuestaria indica que los 273 millones de córdobas para Enabas son por deudas adquiridas “por distribución de paquetes alimentarios solidarios a la población de escasos recursos”.
Los diputados de la Bancada Partido Liberal Independiente (Bapli), Carlos Langrand y Eliseo Núñez, calificaron como “un error de la estrategia” de combate a la pobreza que el presidente inconstitucional Daniel Ortega se niegue a declarar una emergencia que le permitiría recibir ayuda de la cooperación internacional.
“Aquí el gobierno sandinista prefiere jugar con el hambre del pueblo para domesticarlo y para disciplinarlo partidariamente, es decir, el que va a estar alineado con el Frente Sandinista no va a pasar hambre, el resto va a pasar hambre, esa es la lectura que yo hago de por qué Nicaragua no ha actuado con una declaración de emergencia”, afirmó Langrand.
Ortega se resiste a decretar una emergencia por la sequía, tal como lo hicieron países como El Salvador, pese a reconocer que eso le permitiría que los organismos internacionales “envíen contribución”, pero la consideró “muy pequeña”, en relación con las necesidades reales.
Núñez cuestiona que “se menosprecie la ayuda gratuita que los organismos puedan darnos para tener los alimentos suficientes para atender la emergencia de la gente que se quedó sin qué comer porque perdió sus cultivos”.
NO PIDEN AYUDA AL PMA
Sabrina Quezada, oficial de Comunicaciones del Programa Mundial de Alimentos (PMA), afirmó que el Gobierno de Nicaragua “todavía no” les solicita ayuda de alimentos para llevar a la zona afectada por la sequía.
