El segundo hombre más rico del mundo, Carlos Slim, y el primero en Nicaragua, Carlos Pellas, dijeron hace poco que Nicaragua ofrece seguridad jurídica para hacer negocios, afirmación contraria de lo que piensa mucha gente.
Algo que pareciera darles la razón, es el hecho que empresarios como Pellas vengan arriesgando en el país centenares de millones de dólares en distintas inversiones. Porque jamás lo harían sin la certeza que pisan terreno fuerte; es decir, de que se mueven en un entorno predecible, capaz de proteger sus derechos.
Lo extraño es que este optimismo no calza con datos que sugieren que Nicaragua carece de seguridad jurídica. En 2013 el Foro Económico Mundial, en su evaluación de la independencia judicial y seguridad jurídica en 148 países, ubicó a Nicaragua en la posición 121. En 2014, Transparencia Internacional, en su ranking de corrupción, ubicó a Nicaragua en el puesto 133 de 175 países.
Ambos set de datos corroboran realidades innegables. En Nicaragua la cabeza del poder judicial no son magistrados independientes, guiados por las normas del derecho, sino Daniel Ortega. Él puede hacerlos fallar conforme a su voluntad. Puede que muchas veces no lo haga, o que decida no hacerlo por mucho tiempo. Pero el hecho fundamental es que puede hacerlo cuando decida. Con el agravante de que es un jefe bastante despreocupado por la legalidad. Basta recordar su manipulación de sus fichas en la Corte Suprema, para violar el precepto constitucional de la no reelección, o la ilegal presencia de la bandera sandinista en las dependencias del Estado. Otra realidad innegable es la existencia de corrupción en el poder judicial. En la percepción de muchos abogados y personas que han litigado “en nuestro país la justicia está en venta”.
¿Podrá existir entonces seguridad jurídica, cuando los fallos judiciales están subordinados al criterio de un solo hombre que no se guía por criterios jurídicos o éticos, sino políticos? ¿O cuando en muchos litigios el más injusto puede destruir nuestro derecho pagando más?
Siendo que esto es imposible, ¿cómo se explica la seguridad que experimentan empresarios como Slim y Pellas? La explicación es que su sensación de seguridad no es reflejo de las bondades del sistema judicial, sino del considerable poder del dinero y de sus buenas relaciones con el jefe local de la administración de justicia.
Históricamente los poderosos no han necesitado de un sistema jurídico que los proteja. Ellos pueden hacer valer sus reclamos usando la fuerza directa o negociando. El poder respeta al poder. Tenerlo facilita las comunicaciones directas y negociar mejor los términos de su convivencia. Esto les permite descansar sabiendo que sus derechos y propiedades serán respetados.
Los menos poderosos, por el contrario, son los que más necesitan protección jurídica y quienes más sufren cuando no la hay. No sorprende que en una encuesta de Funides a empresarios, 54 por ciento calificara al poder judicial como un obstáculo entre muy severo y moderado, cifra superior al promedio latinoamericano del 49 por ciento —siendo esta percepción más pronunciada entre los pequeños y medianos empresarios—.
Esto nos lleva al meollo del asunto: La seguridad jurídica existe en la medida en que los ciudadanos comunes y corrientes —los carentes de poder, conexiones o carné del partido— saben que sus derechos serán respetados, o que sus reclamos serán fallados conforme derecho, porque cuentan con acceso a tribunales imparciales cuyas decisiones se acatan.
En Nicaragua hay seguridad jurídica pero no para todos. La habrá el día en que la tranquilidad que disfrutan los Slim y los Pellas sea compartida por los hombres y mujeres de la calle. Para eso habrá que cambiar muchas cosas.
El autor es sociólogo y fue ministro de educación.
