¿Nombre? Sotero de Jesús Reyes Alvarado. ¿Profesión u oficio?… Hubo silencio. El secretario judicial ve dudas en el rostro del hombre, reformula la pregunta. ¿A qué se dedica? Agricultor. ¿Grado aprobado? (Hasta qué grado estudió, le sopla al oído el abogado defensor). —Tercer grado —responde el hombre. ¿Lugar para notificarlo aquí en Managua? “No sé, nunca he venido aquí”. Este fue el primer interrogatorio que vivió Reyes Alvarado, oriundo de Polos de Desarrollo Daniel Guido, comunidad de Punta Gorda, Bluefields, después de pasar 16 días detenido en la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, conocida como El Chipote en Managua, sin tener ni una sola comunicación con su familia.
Sotero fue acusado por el Ministerio Público de asesinato, crimen organizado, portación y uso ilegal de arma de fuego y robo agravado por supuestamente haber participado en el crimen contra cinco policías, el pasado 16 de agosto en una comunidad de Punta Gorda, Bluefields.
Antes de llegar al Juzgado, sus familiares sufrieron hambre, sol y angustias frente a la DAJ, porque nadie les dio razón de él; lo creyeron hasta secuestrado, fueron a denunciar el hecho a organizaciones de derechos humanos, pero no hubo respuesta ni ante los recursos de exhibición personal que una abogada interpuso a su favor para que la Policía dijera si estaba en su poder.
En este actuar de la Policía se violentaron una serie de derechos y garantías del investigado, según la Constitución Política de Nicaragua y el Código Procesal Penal, como son el derecho del imputado a conocer por qué se le detiene y avisar a sus familiares de su paradero, pero ahora se está volviendo una práctica para las autoridades del orden público actuar al margen del debido proceso, según análisis de juristas realizados a consulta de LA PRENSA.
Un caso similar a este fue el de los procesados y condenados por supuestamente participar en la masacre del 19 de julio del año pasado. Los familiares denunciaron en ese momento que hombres encapuchados se habían llevado a sus parientes y que desde entonces no sabían nada de ellos.
“Hay una reiterada violación de las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución Política, que están referidas al debido proceso para el detenido y el reo y hemos insistido en esto”, opinó el constitucionalista Oscar Castillo.
Para el abogado Ernesto Hermidas, la ley establece plazo específico para procesar y acusar a un reo, sin embargo observa que no se está cumpliendo con esos términos. “El problema es que se han extendido los plazos de 48 horas para estar frente al juez a 72 horas o más, o peor, a los términos que la Policía considera necesario, porque hay casos en que la Fiscalía acusa, pero la Policía no los trae”, dice Hermidas.
Un caso que calza con estas denuncias de violaciones al debido proceso de los reos y las víctimas es el de la masacre de Las Jagüitas, perpetrado por Policías que el 11 de julio masacraron a tres personas de una misma familia. La fiscal General de la República, Ana Julia Guido, comisionada general en retiro, dijo que la audiencia sería después de las fiestas patronales de Santo Domingo de Guzmán, violentando también las 48 horas que da la ley.
“Las autoridades hacen lo que quieren porque tienen permisibilidad del primer ciudadano de la nación”, dice Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, en referencia a discursos del presidente inconstitucional Daniel Ortega, quien criticó que los medios independientes y organismos de derechos humanos velen por los derechos de los reos. Esta situación acarrea una “inseguridad jurídica para los procesados y condenados y la sociedad en general porque algún día te podés ver envuelto en procesos así”, dijo Hermidas.
El campesino Sotero Reyes Alvarado fue puesto a la orden del juez Henry Morales, titular del Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua, a pesar que los hechos se dieron en la circunscripción Caribe, a más de doscientos kilómetros de distancia.
48 horas
es el plazo en que un reo debe ser presentado ante la justicia luego de haber sido arrestado por la Policía. Así lo establece el artículo 34 de la Constitución Política y 95 del Código Procesal Penal de Nicaragua.
La Fiscalía “acomodó” la acusación diciendo que aquí en Managua se reunían los miembros de la presunta banda “El Chofer”, dijo en su momento Marlon Aburto, abogado de Sotero, quien también alegó la falta de competencia del juez por territorialidad, misma que fue rechazada.
“Se ve más en los casos de relevancia nacional donde los procesados han sido sustraídos de su juez competente, alegando que los delitos se planificaron en esa jurisdicción para declarar la competencia del juez, lo cual es violatorio al debido proceso”, dijo el abogado Álvaro Chica Larios.
Esta situación se presentó en el caso de la masacre del 19 de julio, cuando los hechos se dieron en la jurisdicción de Matagalpa, pero se juzgaron aquí por una supuesta reunión en Tipitapa y el proceso se hizo en Managua a pesar de que ahí también hay Juzgado de Distrito Penal.
LA PRENSA/ARCHIVO
Otros derechos del reo procesado que son violentados:
—A que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme la ley.
—A ser sometido al juicio por jurados en los casos determinados por la ley. Se establece la acción de revisión.
—A que se le nombre defensor de oficio cuando en la primera intervención no hubiera designado defensor.
—A ser asistido gratuitamente por un intérprete si no comprende o no habla el idioma empleado por el tribunal.
—A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge o compañero en unión de hecho estable, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni a confesarse culpable.
—A recurrir ante un tribunal superior, a fin de que su caso sea revisado cuando hubiese sido condenado por cualquier delito o falta.
—A no ser procesado nuevamente por el delito por el cual fue condenando o absuelto mediante sentencia firme.
—A acatar las órdenes de libertad emitidas por la autoridad competente por jueces y magistrados.
Deben contar con defensa desde el inicio
Según los abogados penalistas, ahora los investigados quedan en indefensión en el inicio del proceso, porque se los llevan del lugar en que estén y no les dejan avisar a su abogado para que lo asista en la etapa investigativa; luego están las denuncias de torturas contra la Policía a la hora de las entrevistas a los imputados, pero nadie dice nada, dice el abogado Álvaro Chica Larios.
“La ley establece que tienen que contar con abogado desde que lo están investigando, o llega a personarse a la unidad policial y tiene la Policía la obligación a decirle por qué y de qué le investigan y debe contar con esa defensa”, dijo el abogado Álvaro Chica Larios.
En algunos casos se cumple, pero en los relevantes no, agregó Chica.
Otra característica en estos casos es que hacen las audiencias en fin de semana o en horarios no comunes y muchas veces el acusado no tiene defensa ni asistencia familiar. “Vamos a caer en un caos. Estaremos en desierto jurídico esperando que nos avasallen o ver pasar las injusticias. Estamos luchando contra instituciones que tienen el poder, aunque nuestros señalamientos tengan asidero legal”, recalcó el jurista, quien dijo incluso que se puede llegar a un desconocimiento de las autoridades y las leyes.
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