Daniel Ortega no solo ha sometido a su control político todas las instituciones del Estado, incluyendo la administración de justicia; también, cuando quiere, asume directamente la función judicial.
Así lo ha hecho ahora, en el caso de los campesinos acusados por el asesinato de cinco policías en Punta Gorda, el 15 de agosto pasado, lo mismo que en el caso del pistolero orteguista que el miércoles 2 del corriente mes de septiembre disparó contra las personas que estaban reunidas cerca del Consejo Supremo Electoral, demandando elecciones justas y transparentes.
En su discurso por el 36 aniversario de la Policía, que el régimen celebró el miércoles de esta semana, Ortega exoneró al pistolero de Metrocentro aduciendo que no quería matar a nadie con “los cuatro tiros” que disparó. ¿Cómo lo sabía Ortega? ¿Acaso no fue un flagrante delito de, por lo menos, grave exposición de personas al peligro?
La usurpación de la función judicial por parte de Ortega ha sido más evidente en el caso de los cinco policías asesinados en Punta Gorda. Ortega calificó como asesinos a los campesinos acusados, antes de que el juez dicte un fallo de culpabilidad y tipifique el delito, violando groseramente el principio de presunción de inocencia y el derecho al debido proceso que tienen todas las personas, independientemente de quienes sean.
Además, al hablar oficialmente ante los policías el miércoles pasado, Ortega volvió a atizar en ellos el odio hacia quienes se oponen a su régimen dictatorial, o simplemente lo critican, arremetiendo contra los organismos defensores de derechos humanos y los medios de comunicación que denuncian los abusos de poder.
Según la mentalidad de Ortega, pedir respeto a la disposición constitucional de que todo detenido debe ser puesto a la orden judicial 48 horas después de su detención, o ser dejado en libertad, eso significa difamar y calumniar a la Policía. Pero lo único que hacen en este caso los organismos de derechos humanos y los medios de comunicación independientes, es reclamar respeto a la Constitución. Y cabe señalar que el mismo respeto a los derechos procesales que se ha pedido en favor de los campesinos acusados de asesinar a los policías en Punta Gorda, se pidió también para los policías que masacraron a una familia indefensa en el camino de Las Jagüitas.
Como lo hemos dicho muchas veces y lo repetiremos cuantas sean necesarias, para nosotros la vida humana es un bien jurídico y un don superior cuyo valor es igual en todas las personas, sean alzados en armas, delincuentes comunes, militares, policías o cualquier otro individuo.
Criticamos a la Policía por los abusos que comete y cuando los comete, no porque creamos que los policías son “perros rabiosos”, como de manera infame y azuzadora afirmó Daniel Ortega en su discurso del miércoles pasado. Para nosotros los policías son seres humanos dignos de derecho, justicia y compasión, igual que las personas asesinadas por las fuerzas represivas del régimen en El Carrizo, en Santa María de Pantasma, en Las Jagüitas y otros lugares del territorio nacional.
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