El proceso de desarrollo está asociado a la constitución de instituciones públicas de carácter nacional, altamente eficaces en el cumplimiento de su papel de provisión de bienes y servicios públicos y de fomento del desarrollo.
La construcción de una administración pública profesional y eficiente, que se pueda mantener relativamente aislada de las presiones de los grupos de poder económicos y políticos, y esté concentrada en el cumplimiento de sus responsabilidades, es una de las tareas más importantes, y difíciles, en el camino a desarrollar las capacidades que habiliten al país para emprender las tareas del desarrollo.
Al mismo tiempo, la construcción de un entorno que haga posible el desarrollo requiere del paso de la discrecionalidad y el uso arbitrario y personalizado del poder, a una interacción social cada vez mas regulada por leyes, normas y políticas que se implementen de la manera más imparcial e impersonal posible, es decir, con ausencia de discriminación y castigo para unos, y privilegios y “premios” para otros. El impulso al desarrollo implica liberar y potenciar el pleno despliegue de la iniciativa, la autonomía y las capacidades de las personas, lo cual no resulta compatible con la asfixia del pensamiento, la intimidación y el aplastamiento de las divergencias.
Finalmente, el proceso de desarrollo conlleva, por necesidad, la restricción del recurso a la violencia por parte de grupos que hacen uso de ella para imponerse sobre el resto de la sociedad y ampliar el control de los recursos a su disposición incluyendo el control de las instituciones públicas. La captura de las instituciones y políticas públicas, y de los aparatos que detentan el monopolio legal del uso de la fuerza, por parte de grupos de poder particulares, genera una situación en que estas instituciones y aparatos pierden su carácter público y se convierten en instrumentos selectivos de estos grupos para sesgar el funcionamiento de la economía en su favor, y extraer rentas y riqueza del resto de la sociedad.
Estos aparatos enfrentan una doble inducción: sus integrantes son castigados si se niegan a obedecer, y premiados si lo hacen. Ello implica retrotraerse a una situación en que las instituciones y los aparatos coercitivos del Estado utilizan su poder y recursos de manera abusiva, limitando la libertad y los derechos de quienes ejercen resistencia de algún tipo, y favoreciendo la ampliación del poder y recursos de los grupos que se han arrogado su control.
Esto requiere además el desmantelamiento de los mecanismos que aseguran la transparencia y la rendición de cuentas y que hacen posible el control ciudadano sobre las instituciones que administran el poder.
El resultado es una asignación de recursos que, en lugar de corresponderse con las necesidades de un proceso de desarrollo incluyente, capaz de difundir sus beneficios al conjunto de la economía y la sociedad, se desvía hacia procesos de acumulación y enriquecimiento restringidos y poco transparentes, que no son capaces de difundir de manera suficiente sus beneficios a la sociedad como un todo, y tienen efectos de desarrollo extremadamente limitados.
Esto resulta especialmente grave para un país que requiere, con apremio, iniciar la constitución de instituciones públicas nacionales capaces de desempeñar de manera eficiente su papel en la provisión de bienes públicos y sociales y la promoción de un desarrollo inclusivo; un país que, sumergido en el atraso, enfrenta los enormes desafíos del proceso de transición demográfica en un contexto de una escolaridad deficiente y una pobre dotación de infraestructura y otros elementos fundamentales, y en el que una economía poco diversificada genera, de manera predominante, empleos de muy baja productividad y remuneración.
Para estar claros, no se trata solo de los beneficios de desarrollo que resultarían de la constitución de instituciones y de un contexto que lo favorezca. Se trata, ante todo, de asegurar el respeto a la dignidad y a los derechos inalienables de las personas, como seres humanos y como ciudadanos, que se ven amenazados y restringidos cuando imperan la discrecionalidad, las amenazas y el abuso de poder.
