¿Vale la pena que el segundo país más pobre de América gaste 1,795 millones de córdobas anuales (67 millones de dólares) en su ejército? Quizás sí. El problema es que no lo sabemos. Este reciente 1 de septiembre el Estado publicó en los dos principales periódicos sendos suplementos —carísimos por cierto— publicitando las bondades del Ejército Nacional: su contribución en proteger la soberanía, combatir el narcotráfico, proteger las reservas naturales, auxiliar en emergencias, etc. etc.
No hay duda de que muchos militares trabajan abnegadamente en múltiples servicios sociales y comunitarios y que, en casos concretos como el del narcotráfico, han tenido sonados éxitos. Pero hay otros donde más bien podría hablarse de monumentales fracasos. Pueden bastar dos ejemplos:
Uno es el contrabando de reses hacia Honduras, estimado en más de cien mil cabezas anuales. Videos, en manos de entidades bancarias, pueden documentar la salida de cien reses diarias en un solo punto cerca de Somotillo. El hecho de que atraviesen el país de lado a lado, desde la RACS y Chontales hasta Chinandega y Madriz, hace inevitable la pregunta: ¿será que nadie en el Ejército lo ve, o que este carece de medios para interferirlo?
Otro caso es la depredación de Bosawas, la principal reserva forestal del país que pierde anualmente más de 17,000 hectáreas. Es cierto que el Ejército formó en 2010 un batallón ecológico para contener el fenómeno, pero investigaciones realizadas por Confidencial y medios independientes concluyen que el despale sigue. La memoria del Ejército reporta en una sección que en 2014, “con la participación de 156,120 efectivos militares” (cantidad imposible a menos que se trate de un error de imprenta), se confiscaron 356,897 pies tablares, 8,049 piezas de madera y 96 motosierras (más 19 garrobos, dos monos, etc.). Pero en lo correspondiente a la lucha contra el tráfico ilegal de madera solo reporta 18,600 pies tablares y 7 motosierras.
Sea lo anterior inconsistencia o asunto de metodología, el hecho es que la información que brinda la institución no permite evaluar la efectividad de sus esfuerzos ni el costo beneficio de las mismas. Además de contener contradicciones —en la sección de lucha contra el narcotráfico (2014) se habla de la incautación de “27 medios navales” y en el de las Fuerzas Navales de “dos lanchas vinculadas al narcotráfico”— las estadísticas militares anuales carecen de comparaciones con períodos anteriores. Esto dificulta saber si hay progreso o retroceso en el tiempo. Finalmente, tampoco informan sobre los presupuestos que ejecutan las distintas ramas o secciones en que está dividido el Ejército.
Conduciría a una mayor transparencia si el Ejército desglosara su presupuesto por rama de actividad —ejemplo: naval, terrestre, aérea— y, dentro de estas, por programas específicos. Pues ¿no sería clarificador saber cuánto se gasta en contener el abigeato, o en patrullar el Caribe, o proteger Bosawas?
Solo así, con una rendición de cuentas profesional, clara y transparente, y con una correspondiente auditoría social, efectuada idealmente por organismos independientes —pues no se puede ser juez y parte— sabríamos si los millones de dólares que absorbe la institución castrense son muy pocos o demasiados.
No prejuzgo si el Ejército trabaja bien o mal, aunque veo, junto con tantos otros nicaragüenses, como una de sus marcas distintivas; su apoliticidad y profesionalismo, está siendo opacada cuando en sus actos oficiales ondea una bandera partidaria, cosa que no ocurría desde 1990. Esperemos que al menos no opaque su hoja de servicios demostrando, con cuentas cabales y transparentes, que los dineros que gasta son bien invertidos.
El autor es sociólogo y fue ministro de educación.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
