Los factores que inciden en la violencia y afectan directamente a los hogares nicaragüenses en general y adolescentes, en particular son múltiples, pero me voy a referir a algunos. La familia en Nicaragua esta en crisis producto del modelo patriarcal dominante que establece relaciones autoritarias y de subordinación, tanto a nivel de género como generacional. Los conflictos son “resueltos” a través de la violencia, ya sea física o psicológica. El maltrato es generalizado, en casos extremos les quitan la vida a sus mujeres. Esta violencia que se da en los hogares se traslada a las aulas de clase o a las calles.
La irresponsabilidad paterna expresada en el abandono del hogar genera un vacío emocional en los hijos. El cuarenta por ciento de los hogares está jefeado por las mujeres. Las madres tienen que resolver la sobrevivencia de los hijos y estos quedan expuestos a influencias negativas de programas televisivos, internet o entorno comunitario que los inducen a conductas de riesgo. La migración desarticula la familia y tiene un fuerte impacto afectivo en los hijos.
Este modelo patriarcal a nivel familiar se ha trasladado a las estructuras del Estado, que en vez de ser un árbitro, actúa como una fuerza política que administra la justicia según el color político de las víctimas y victimarios. Mandando un mensaje peligroso a la sociedad de impunidad para los partidarios e indefensión para los otros. Hay casos de abuso, violaciones, muertos que no han sido resueltos, preocupa que los afectados hagan justicia por sus propias manos. El subvertir la naturaleza del Ejército, la Policía y demás instituciones con fines político partidarios constituye una amenaza a la paz social del país.
La falta de oportunidades a adolescentes y jóvenes es el resultado de una educación deficiente, un bajo presupuesto, profesores mal pagados, maltratados y mal capacitados. El cuarenta por ciento de jóvenes están en el desempleo y los que están ocupados en su mayoría son precarios. Un Inatec ineficiente, de los más de 900 millones de córdobas que recibe el 50 por ciento va para gastos administrativos. El sector privado solo tiene un retorno de 60 millones en capacitación. De los egresados de la educación superior solo el 50 por ciento encuentra trabajo. Este cuadro genera un alto nivel de frustración en los jóvenes y es un caldo hacia la violencia.
¿Qué hacer? Urge una cultura del diálogo, basada en el amor y el respeto en el seno de la familia y la escuela, para erradicar el modelo patriarcal; procesos de mediación, curso de moral y cívica. Hace falta retomar el trabajo articulado sociedad civil y el Gobierno.
El Estado debe ser garante de la aplicación de las leyes y de planes contingentes para reducir la irresponsabilidad paterna y la violencia en todas sus formas. La Policía y el Ejército deben ser profesionales, apartidistas, no deliberantes y respetuosos de la Constitución. Asignar mayor presupuesto al sector educativo, pagarle mejor a los profesores, capacitarlos, dotar a los centros de estudios de bibliotecas, laboratorios, esto es posible reduciendo la burocracia y sus gastos superfluos. Parte del seis por ciento debería asignarse a la educación técnica y la formación de profesores.
El Cosep está haciendo un esfuerzo con el Consejo Nacional de Universidades para que haya revisiones profundas sobre las carreras que ofrece y que Inatec sea más eficiente en la formación técnica. Un estudio entre perfil profesional y ocupacional ayudaría a que la capacitación de adolescentes y jóvenes sirva para su ingreso al mercado laboral, acompañado de la aplicación efectiva de un plan de empleo y emprendimiento juvenil. Estos cambios abonarían a una cultura de paz y de mayores oportunidades para la juventud.
El autor es sociólogo.
