En derecho administrativo se admite cierto margen de libertad para realizar una comprensión y posterior aplicación de la norma; cabe sí observar que discrecionalidad no es arbitrariedad y que el rasgo diferenciador de un acto discrecional es la justificación de los motivos de la decisión.
El funcionario público tiene que aplicar la ley tal como está escrita, el acto administrativo propiamente discrecional alude a aquellos casos en los que existe cierto margen de libertad necesario para el aseguramiento de una apreciación y comprensión justa en la aplicación de la norma y por consiguiente, en el marco del respeto al principio de legalidad.
El funcionario público debe tener su servicio orientado a los intereses generales, es decir al servicio del ciudadano y muchas veces aunque exista una formalidad estrictamente detallada no excluye que exista otra forma de cumplir esos requisitos sin violentar la ley, tal es el caso cuando existan dos o más posibilidades, en parte ello se debe a la imposibilidad misma de la ley para regular todo caso concreto a partir de alguna forma de generalidad, ya que lo precisado por la ley permite realizar valoraciones conforme a ella.
Es permisible por lo tanto una interpretación en la aplicación de la norma, siempre que ella vaya a favor del ciudadano y no violente la legalidad.
Vemos sin embargo que en este país, no se aplica la discrecionalidad en la interpretación de la ley, pero sí la arbitrariedad para obstaculizar las tramitaciones de los ciudadanos, siendo inflexibles al extremo y exigiendo una rígida aplicación textual, e incluso exigiendo requisitos y trámites que no contempla ley alguna y al ciudadano no le queda más que acatar esta arbitrariedad o no consigue continuar su gestión administrativa.
He visto casos en oficinas con grandes colas, que cuando llega el turno le piden al ciudadano el original y las fotocopias de toda la documentación sin que se les haya informado de presentarlas; otras veces el solicitante presenta todos los documentos y las fotocopias y entonces le piden que vayan autenticadas o lleve el visto bueno de otro funcionario; existe la cédula de identidad y la fotocopia de la misma, pero igualmente se exige la presentación de la partida de nacimiento; declaración notarial cuando se solicita un certificado en una entidad pública y en algunos entes hasta declaración jurada, la que desapareció de nuestra legislación a principios del siglo pasado.
En vez de simplificar trámites y requisitos al ciudadano, las nuevas leyes exigen más documentos y más requisitos, unamos a ello los otros requisitos que exigen los funcionarios sin ninguna base legal, hacen que el trámite y gestión gubernamental cada vez sea más engorrosa, costosa y obstaculizadora obligando al ciudadano a vivir al margen de la ley. La discrecionalidad administrativa sin perturbar la legalidad debe darse en beneficio del ciudadano, debe abrir puertas y ventanas y no cerrarlas.
Como abogado muchas veces me han preguntado, ¿en cuánto tiempo esta gestión estará lista? y lamentablemente no tengo respuesta, no puedo decir en un, dos o seis meses con seguridad o quedaré como mentiroso, el actual estado de las gestiones administrativas es incierto, debido a la falta de normas claras y precisas en cuanto requisitos y duración , otros colegas atrevidos dan plazo, que por supuesto no cumplen, lo que pasa es que en programas de televisión se ven casos en los cuales y en otros países si determinan los abogados plazos aproximados, ya que está todo debidamente establecido, además de ello depende el cobro de honorarios.
Toda gestión administrativa debe ser taxativamente normada y publicada para el conocimiento del ciudadano, con los requisitos y documentos precisos a presentarse, además debe contemplarse en cada oficina el establecimiento de citas de atención para evitar la aglomeración y filas, así como el plazo exacto de duración del trámite y los recursos contemplados en caso de que el ciudadano no estuviere conforme. La discreción administrativa a favor del ciudadano es posible, la arbitrariedad no debe tener lugar.
El autor es jurista
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