Cada vez que se aproxima un proceso electoral se vuelve latente la falta de cédula de identidad, documento indispensable para el ejercicio de derechos civiles y políticos así como para contraer obligaciones y realizar otras gestiones.
Aun cuando tener una cédula es un derecho y no un privilegio, obtenerla por primera vez se ha convertido en una odisea especialmente para los nicaragüenses que habitan en las zonas rurales que deben viajar hasta la cabecera departamental para realizar el trámite y esperar sin fecha cierta que les sea emitida. Surge aquí la pregunta, ¿hasta cuándo se mantendrá este problema?
Son diversas las razones por las que, según cifras de organizaciones de sociedad civil expertas en la materia, más de quinientos mil ciudadanos no tienen acceso a la cédula, argumentándose desde problemas registrales por un error de inscripción, pasando por la burocracia e ineficiencia del Consejo Supremo Electoral (CSE), hasta la irresponsabilidad ciudadana que únicamente en épocas electorales solicita o retira su cédula que en ocasiones lleva tiempo de haber sido emitida.
Pero además, está el factor político que ha tomado fuerza desde que en la Asamblea Nacional se nombraron magistrados electorales por afinidad y fidelidad partidaria antes que por méritos profesionales inaugurándose en el órgano electoral un sistema de trabajo al estilo de bancadas parlamentarias.
Esto dejó como resultado la defensa de los intereses de dos partidos hegemónicos y a la postre los de uno solo que en la actualidad controla las actuaciones del Poder Electoral, afectando la imparcialidad y credibilidad de dicha institución.
En tales condiciones, la cedulación ha sido víctima del interés partidario ya que al estar la cédula reconocida en el artículo primero de la Ley de Identificación Ciudadana (Ley 152) como el único documento para ejercer el derecho al sufragio, el partido de gobierno, con el control absoluto del ente electoral, ha utilizado la cedulación como arma política a su favor.
Así, beneficia a sus simpatizantes a los que ofrece facilidades para tramitar sus cédulas hasta el punto de llevárselas a la comodidad de sus casas, mientras obstaculizan la entrega a quienes no comparten la ideología oficialista. Una situación similar ocurre con la cedulación de los nicaragüenses en el exterior contemplada en el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley 152.
No ha existido voluntad política del Estado para llevar a cabo este proceso en los diferentes consulados a pesar del esfuerzo que los compatriotas han hecho para facilitar el trabajo, mostrándose incluso dispuestos a asumir los gastos de la tramitación.
Esta actitud del Consejo Electoral constituye un desprecio para un sector de la población que de acuerdos con las cifras oficiales del Banco Central representa para el país un ingreso anual de aproximadamente un 1,200,000 dólares en concepto de remesas familiares.
De esta forma se está negando a los nacionales tanto dentro como fuera, el derecho a existir y valerse como ciudadano, y se transgrede el derecho a elegir y ser electo contemplado en el artículo 51 de la Constitución Política, se condena a la muerte civil a los que no poseen una cédula de identidad y se abre un mar de interrogantes sobre la realización de elecciones libres, justas y transparentes en los comicios venideros del 2016.
En definitiva, el aspecto político más que el técnico es el mayor impedimento a la cedulación y mientras este derecho se obstaculice desde una óptica partidaria, desprovista de profesionalismo y neutralidad, el problema persistirá y con ello el calvario de miles de nicaragüenses que seguirán sin poder identificarse, quebrantándoles un derecho humano elemental y volviéndolos indocumentados en su propio país.
El autor es licenciado en Derecho y en Relaciones Internacionales, miembro del Grupo Projusticia.
