Barcelona- Catalunya se encara a un nuevo capítulo de su proceso independentista, etiquetado como decisivo por sus proponentes y excepcional por el propio gobierno español. Será el 27 de septiembre, culminando una campaña que comenzará oficialmente en el emblemático 11 de septiembre, la “Diada” nacional. Este proceso electoral llama la atención por ser un tanto apresurado, ya que los últimos comicios fueron en 2012, y los anteriores en 2010. Tres elecciones en un lustro revelaban cierta urgencia y ameritaban la preocupación y un alto grado de irritación de la mitad del electorado catalán que no demostraba el mismo entusiasmo que el presidente catalán.
Además, en los dos últimos años se han celebrado elecciones europeas (2014) y municipales en España en mayo de este 2015. En ambos casos la coalición de Convergencia y Unión (ahora desaparecida) perdió escaños y fue desalojada del emblemático Ayuntamiento de Barcelona. Aunque CiU fue la candidatura más votada, fue defenestrada por una alianza de sus competidores que dieron la alcaldía a Ada Colau, novel líder de perfil populista y de izquierda, que hace recordar la estrategia de Podemos, la formación que ha revolucionada la política española.
Este ejercicio está considerado como un sustitutivo del especial proceso electoral que el gobierno español no ha permitido desde que en 2010 había arremetido contra el borrador del nuevo Estatuto de Autonomía (que debía actualizar el de 1979), votado positivamente tanto en el Parlamento catalán como en el Congreso español. El Partido Popular, que había regresado de su travesía del desierto cuando fue derribado por el PSOE en 2004 (en las polémicas elecciones en el contexto de los ataques terroristas de Madrid de marzo), se cebó en la mención de Catalunya como nación en el preámbulo del nuevo Estatuto. Con el dictamen del conservador Tribunal Constitucional, rechazó el nuevo documento. La respuesta ciudadana fue masiva. Entonces se detectó la oscilación de numerosos sectores antes moderados hacia los sentimientos claramente independentistas.
Fue la oportunidad que CiU en descomposición aprovechó y ratificó la conversión acelerada del propio entorno de Mas hacia el independentismo. Esta evolución se producía ya en los momentos álgidos de la consolidación de Mas como delfín del presidente Pujol, que estuvo en el poder 23 años. Si en las décadas anteriores el poder político de CiU se había basado en servir de bisagra entre los dos partidos hegemónicos (PP y PSOE) y su uso inteligente del autonomismo, el “invento” se consideró agotado para recabar un mayor número de votos y conseguir doblegar la tozudez de Madrid.
Había llegado la hora de la tesis independentista. El objetivo prioritario era conservar el poder por cualquier método. La tozuda resistencia legal del PP ayudó a Mas, que ya se había apoderado de la Generalitat tras unos años de gobierno “tripartido”. Estuvo formado por los socialistas, los independentistas (“de toda la vida”) de Esquerra Republicana y los excomunistas, reciclados como “ecosocialistas, de Iniciativa-Verts, la variante catalana de Izquierda Unida. Ambos socialistas, el exalcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, y el nacido en Córdoba, José Montilla, se turnaron en la presidencia.
Pero sucedió que en las siguientes elecciones, Convergencia perdió escaños y ya no le quedó más remedio que aliarse con Esquerra y forjar un independentista, coliderado con su secretario general Oriol Junqueres. Ambos han terminado presentando una candidatura común, en una lista única trufada de ciudadanos sin pasado partidario para dar el golpe final en lo que ha sido calificado como un “plebiscito”. Sería el preludio de la declaración de independencia si se obtiene una mayoría (que no se ha explicitado, pero que se reclama sea la mínima de 68 escaños) en el Parlament.
El rechazo del gobierno español ha sido amenazador, incluida la advertencia de suspensión de la autonomía, mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. De ahí que en el mensaje de convocatoria Mas no haya hecho mención en absoluto de la palabra tabú (“plebiscito”, por otra parte inexistente en el léxico electoral ortodoxo).
En cualquier caso, el ejercicio del 27 de septiembre es también un sucedáneo del referéndum que el gobierno español se negó en redondo a autorizar. Madrid alega que la consulta sobre la secesión catalana no es un derecho exclusivo de los catalanes, sino de todos los españoles, detentadores en bloque de la soberanía nacional, según reza taxativamente la Constitución de 1978.
No obstante, el gobierno catalán organizó un “referéndum” extraoficial, celebrado el 9 de noviembre de 2014, en un clima festivo, al que acudió un tercio de los votantes. Con dos millones de votos consiguió animar a los independentistas e irritar al gobierno español, que había amenazado con arrestar a los dirigentes catalanes. De lo que se deduce que los comicios son curiosamente tres ejercicios en uno: “Referéndum”, elección autonómica (ortodoxa) y “plebiscito”.
El autor es Catedrático Jean Monnet y Director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
