Nicaragua vive actualmente una situación muy difícil, caracterizada por una profunda crisis institucional, una persistente pobreza y serias amenazas contra la sostenibilidad macroeconómica.
La causa principal de esta situación reside en las actitudes y acciones del gobierno del FSLN, el cual desde el inicio de su gestión en enero de 2007 ha realizado un sistemático desmontaje de la institucionalidad democrática que los nicaragüenses habíamos construido a partir de 1990, pese a que el respeto a las instituciones y valores democráticos por parte de quienes gobernaban entonces, permitió a ese partido estar en oposición durante dieciséis años y acceder al poder mediante elecciones.
A las puertas de cumplirse ocho años de gobierno de Daniel Ortega, ejercido con poder casi absoluto al margen de las leyes y de la voluntad popular, se han puesto de manifiesto las debilidades y la insostenibilidad características del modelo político autoritario. Es un hecho evidente, imposible de ocultar por la propaganda oficial, que el actual gobierno no ha podido avanzar en la solución de los problemas más graves de la sociedad nicaragüense, muchos de los cuales por el contrario se han agravado.
La incapacidad de aprovechar los beneficios derivados de la heredada estabilidad macroeconómica, los altos precios de las materias primas y la cooperación petrolera venezolana para fomentar un crecimiento económico de base amplia, así como la imposición de decisiones tan cuestionables como embarcar al país en una lesiva e inviable aventura canalera, se han debido en buena parte al ejercicio abusivo del poder adquirido de forma irregular, que impide la creación de un consenso nacional sobre el modelo de desarrollo que queremos.
A lo anterior se suma el deterioro de la seguridad ciudadana, la mala calidad de la educación, la persistente emigración por falta de oportunidades económicas en el país y el acelerado deterioro de la situación económica y social de Venezuela, principal proveedor de recursos para sus programas clientelistas.
Aunque la solución a los graves problemas nacionales no se logra de la noche a la mañana, un gobierno con la legitimidad que se deriva de haber sido electo de forma transparente y ejercer el poder con apego a las leyes, está en mejor posición para impulsar reformas duraderas y beneficiosas para las mayorías, siendo menos propenso a cometer los errores y abusos que se derivan del poder absoluto.
No obstante, los recientes acontecimientos, particularmente la negativa a elegir siquiera un magistrado independiente en el Consejo Supremo Electoral, los ataques a la libertad de expresión y movilización y la decisión de responder con represión policial a las justas demandas de elecciones libres, demuestran que Ortega persiste en cometer los mismos errores que en el pasado han originado confrontación, sufrimiento y atraso para todos los nicaragüenses.
Las declaraciones de algunos miembros de la bancada oficialista descalificando nuestro respaldo a las movilizaciones ciudadanas que exigen elecciones libres, evidencian una comprensión muy limitada de nuestras responsabilidades como miembros de este poder del Estado, que no se reducen a aprobar leyes ni, en el caso de la bancada de gobierno, a ser caja de resonancia y defensores a ultranza de las decisiones del Poder Ejecutivo. Más allá de esas labores, los diputados estamos obligados a garantizar la independencia de los poderes del Estado, a debatir con independencia de criterio y a acompañar las justas luchas sociales y económicas de los ciudadanos. No hacerlo sería faltar al compromiso que asumimos cuando tomamos posesión de los cargos y ser cómplices de la destrucción del sistema democrático.
Como nicaragüenses y como políticos, los diputados del Partido Liberal Independiente estamos decididos a seguir utilizando los cada vez más escasos espacios institucionales para lograr el restablecimiento pacífico del Estado de Derecho. Y este deber no corresponde solamente a la bancada de oposición. Por eso, si los diputados oficialistas quisieran asumir su responsabilidad como tales, les correspondería tratar de incidir en su partido, para que no continúe llevando a Nicaragua por el camino del autoritarismo y la privación de derechos a una parte de los ciudadanos y permita que elijamos libremente a nuestros gobernantes, lo cual es el primer paso para garantizar la paz social y los incipientes logros que hemos alcanzado como sociedad.
El autor es presidente Nacional del Partido Liberal Independiente (PLI).
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