La recién aprobada Ley de creación de la Orden “Rigoberto Cabezas”, que pretende reconocer la labor de los periodistas nacionales o extranjeros, promovida de forma beligerante por la Comisión de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, lejos de ser un marco jurídico que recoja el verdadero sentir de las demandas de los periodistas, es una mera estrategia de marketing político, para congraciarse con mucha suerte, con un puñado de periodistas. En realidad, si esta comisión estuviera preocupada en hacer honor al periodismo, se mostraría beligerante mediante la aprobación de una ley de publicidad estatal, la cual sería un valioso instrumento jurídico para que el Estado deje de arrogarse arbitrariamente el derecho de decidir a qué periodista o medio independiente dar o no publicidad; y por otro lado, si esta comisión estuviera preocupada en honrar la labor de los periodistas, se mostraría beligerante interpelando a funcionarios públicos que contra ley expresa, Ley de Acceso a la Información Pública, se niegan hacer cumplir este marco jurídico.
La política de discriminación de entrega de publicidad, que desde 2007, primero inició desde el Ejecutivo y luego viene echando raíces en todos los poderes del Estado e instituciones descentralizadas, no solo afecta los ingresos de los periodistas independientes, sino el cierre de espacios de radio, periódicos y programas de televisión. El ensayo, El cierre de espacios de opinión de televisión (Uriarte. Confidencial.2010), registra que durante el periodo 2007 hasta 2010, debido a la falta de publicidad se cerraron los siguientes espacios de opinión: Entre amigos, Tempraneando, Entre verdades y mentiras, El 2 en la Nación, El 10 en la Nación, Punto de Vista, Problemática Nacional, Dialoga + y Desde la Sociedad Civil. Este impacto negativo, también se repite más allá de Managua. Recientemente en un encuentro con periodistas de Puerto Cabezas, Waspam, Siuna, Rosita y Bonanzas, el 87 por ciento afirmó no recibir publicidad de alcaldías, entidades de gobierno regional y nacional. La falta de entrega de publicidad deshonra la labor periodística, porque ante la falta de ingresos de publicidad, los periodistas forzosamente cierran sus espacios, se quedan sin trabajo y se ven obligados a buscar otra actividad ajena a su profesión; y en el peor de los casos, terminan de hipotecar su política informativa y credibilidad, a cambio de publicidad oficial.
Si la Comisión de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, verdaderamente quisiera honrar a los periodistas, desde hace rato hubiera interpelado desde el presidente Daniel Ortega, ministros, directores y magistrados por incumplir abiertamente la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Sin embargo, en la práctica se viene institucionalizando, de forma negativa, una suerte de impunidad y arrogancia de funcionarios, que se creen dueños de la información pública, y se niegan a brindar información y humillan a los periodistas, cerrándoles las puertas en las instituciones para que no ingresen a las conferencias de prensa; inclusive hay funcionarios que además de humillar, han atentados contra la integridad física de periodistas. El 9 de julio de 2014, el periodista Edgardo Trejos de Canal 2, antes que este medio de comunicación pasara al conglomerado de medios afines a la actual administración pública, un funcionario público, ante las preguntas incómodas formuladas por el periodista Trejos, le echó la camioneta. A pesar de esta serie de hechos, la presente Comisión de Medios de Comunicación jamás se ha pronunciado.
También la presente comisión jamás ha llamado al orden a Telcor, por el cierre de espacios y decomiso de equipos técnicos, al margen de la Ley 200. El primero en ser víctima del cierre de medio local, fue el diputado Santiago Aburto, cuando Radio La Ley además de ser cerrada, se les despojó de los equipos técnicos (LA PRENSA. 23 junio 2009); irónicamente también el diputado Evertz Cárcamo, miembro de la actual Comisión de Medios de Comunicación, y promotor de la ley orden “Rigoberto Cabezas”, el ente regulador le canceló la frecuencia del canal 41 en UHF, (LA PRENSA. 21 abril 2010); también conviene poner en contexto, la más reciente actuación del ente regulador Telcor, contra el cierre y despojo de equipo de Radio Voz de Mujer, una radio comunitaria del colectivo de mujeres en Jalapa (LA PRENSA. 2 de junio 2015). Hasta ahora, todos estos hechos han quedado en la impunidad, lo más grave es que los diputados Aburto y Cárcamo, al parecer cerraron sus propios casos.
Los periodistas y medios, deben tener en cuenta que con la Ley orden “Rigoberto Cabezas”, quien gana más es la Asamblea Nacional. Un hecho que ratifica la última encuesta de M&R Consultores (agosto, 2015), donde el periodismo y los medios de comunicación continúan gozando de más credibilidad que la misma Asamblea Nacional. De manera que la aprobación de esta ley, no es más que una estrategia de marketing político, para pretender ocultar las raíces profundas que ha causado en el periodismo, la política de comunicación oficial. Ojalá que los periodistas celosos de su credibilidad no presten mayor atención a esta iniciativa, que si viniera de un parlamento con altas notas de credibilidad que se rige porque exista auténtica libertad de expresión, Estado de derecho y Estado del bienestar, sería una orden bienvenida, pero lamentablemente a la patria le faltan buenos hijos, que cuiden de ella.
El autor es doctorando en Ciencias Sociales y Humanas, UCA.
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