Las protestas que todos los miércoles realizan los simpatizantes de partidos políticos opositores y adversarios al Gobierno y que se replican en diferentes ciudades del país para exigir condiciones mínimas necesarias para la realización de elecciones justas y transparentes, han originado una constante represión por parte de las autoridades a los derechos ciudadanos cuyo ejercicio está legitimado por la Constitución Política.
Por un lado está el derecho de los ciudadanos, que desean expresar libremente su pensamiento, de participar en la gestión estatal y de llevar a cabo concentraciones y manifestaciones públicas, consignados respectivamente en los artículos 30, 50 y 54 de la Carta Magna.
En el otro extremo está el derecho al trabajo y la libertad de empresa, consagrados en los artículos 80 y 99 de la Constitución, de los ciudadanos comerciantes y vendedores informales ubicados tanto en los sectores que han resultado afectados por los reclamos del sector opositor.
Dentro de este segundo grupo también está el derecho de movilización de los usuarios del transporte colectivo y selectivo debido a que las unidades no pueden acceder al lugar de las protestas. De la misma manera las autoridades perjudican el derecho de libre circulación de los conductores de vehículos privados y colectivos, obligados a buscar rutas alternas para llegar a sus destinos, provocando atrasos y congestionamientos vehiculares creando una creciente inconformidad.
En este sentido, igual derecho tienen unos como los otros, pues no existe jerarquía o prioridad entre los distintos derechos civiles y políticos que la norma suprema otorga a los nicaragüenses y tampoco los hay entre los ciudadanos que los ejercen señalando que todos son iguales ante la ley.
Sin embargo, aunque los derechos de cada persona están limitados por el derecho de los demás, lo cierto es que aquí no se está frente a un conflicto de derechos ocasionado por el abuso en el ejercicio de un derecho constitucional de parte de un grupo de ciudadanos.
Lo que realmente hay, es un conflicto de derechos que de forma malintencionada, irresponsable y bien planificada provocado por la institución del orden público al ordenar vallas de antimotines para impedir el paso de los manifestantes a las instalaciones del Consejo Supremo Electoral, negando a su vez el acceso vehicular al lugar que supuestamente protegen dentro de un perímetro sumamente exagerado e innecesario.
Es la propia Policía Nacional (PN) la que violenta de forma simultánea tanto los derechos de los marchistas al impedir que alcancen su objetivo de plantarse frente a las oficinas del Poder Electoral como el de los que se sienten afectados al negar el tráfico a la zona de protesta y evitar que los comerciantes formales e informales realicen su labor.
La autoridad policial confirma que es institución al servicio del partido de gobierno, y es claro el interés de provocar descontento entre la población con el propósito de deslegitimar las protestas.
La solución a este problema es simple y está en manos del gobierno, pues como lo han manifestado algunos líderes que encabezan los reclamos, solo se requiere el compromiso del presidente de competir en igualdad de condiciones y respetar la voluntad popular expresada en las urnas.
La PN no debe obstaculizar las protestas y debe permitir que quienes en ellas participan, ejerzan sin inconvenientes el derecho de concentración y movilización que la Constitución Política les confiere a toda la población sin exclusión alguna.
La policía es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y proteger a los ciudadanos, no utilizar el monopolio de la fuerza de manera desproporcional y debe someterse a la Constitución.
El autor es Director Ejecutivo de GRUPO PROJUSTICIA.
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