¿Por qué el gobierno no hace públicos los resultados del estudio de impacto ambiental que la empresa británica ERM le entregó el 31 de mayo de los corrientes? ¿Será que revela consecuencias ambientalmente adversas que prefieren ocultar? ¿Será que se está dando tiempo para maquillarlo y disimular sus críticas o advertencias?
En realidad, haber recibido desde hace más de sesenta días el famoso estudio que duró dos años en completarse, y no dar a conocer ninguno de sus aspectos, ni siquiera su resumen ejecutivo, es tan insólito como sospechoso.
Viola además el derecho a la información ciudadana y las normas más elementales de transparencia que deben regir esta clase de proyectos.
El papa Francisco, en su reciente encíclica sobre el medioambiente, advertía que “La previsión del impacto ambiental de los emprendimientos y proyectos requiere procesos políticos transparentes”. Estos exigen, agregaba, que “todos sean adecuadamente informados de los diversos aspectos y de los diferentes riesgos y posibilidades”.
Las excusas dadas para no informar son pueriles. El asesor principal de HKND, Bill Wild, dijo que el estudio se encuentra en manos del Gobierno, que con un grupo de expertos está validando los resultados. La ministra de Marena, Juana Argeñal dijo que el estudio “se someterá a revisión y análisis” y que “posteriormente se dará a conocer un dictamen al respecto”. El vocero de la Comisión del Gran Canal, Telémaco Talavera, añadió que en julio se terminarían los análisis del estudio para discutirlos con diversos sectores de la sociedad.
Ya pasó julio sin noticias y dos inconsistencias saltan a la vista: la primera, y más grave, es que no se habla siquiera de abrir al público el estudio de ERM, sino los dictámenes o conclusiones que quieran externar los funcionarios estatales. La segunda es lo absurdo de que un estudio, elaborado por los mejores expertos internacionales, tenga que ser analizado y “validado” por “expertos” de menor calibre nicaragüenses. Si tenemos la capacidad local de validar o evaluar la calidad técnica de dichos trabajos, ¿por qué hubo que contratar a una empresa carísima que invirtió dos años en estudiar el impacto ambiental del canal?
El grupo Cocibolca y la Academia de Ciencias de Nicaragua han tratado en vano de obtener información apelando a la Ley de Acceso a la Información Pública que mandata publicar estos estudios. Refiriéndose a esta anomalía, y en repuesta a Confidencial sobre cuándo se publicarían, el vicecanciller coronel Kautz dijo: “Ya fue publicado. Ya dijo el vocero que lo van a poner en varios municipios para que lo vea todo el mundo. Pero no se puede entregar esto a cada uno”. Increíble. ¿Ignora acaso Coronel que nada ha sido publicado, o que en la era digital el estudio entero podría ser colgado en internet para que cualquiera lo visite?
Son muchos los increíbles del proceder gubernamental. El primero fue aprobar el proyecto canalero antes de realizar el estudio de impacto ambiental. Violentaba así las normas éticas y el exhorto del papa quien literalmente dijo: “Un estudio del impacto ambiental no debería ser posterior a la elaboración de un proyecto productivo Tiene que insertarse desde el principio y elaborarse de modo interdisciplinario transparente ” El segundo fue ordenar el estudio —tras muchas presiones— y, ahora que lo tiene, no publicarlo.
Ocultar la verdad al pueblo y violar todas estas normas es una bofetada a los nicaragüenses. Pero también un boomerang que mina la imagen del gobierno. Porque ¿podrá confiarse en la moral y honestidad de quienes juegan con las cartas escondidas? ¿No es la opacidad compañera inseparable de la corrupción?
El autor es sociólogo y fue ministro de educación.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
