Durante aproximadamente cuatro meses, los miércoles de cada semana un grupo de ciudadanos se dan cita en los alrededores del Consejo Supremo Electoral (CSE) para exigir elecciones limpias. Estas protestas han sido minimizadas, descalificadas y hasta reprimidas brutalmente por el régimen, pero es una de las líneas de acción vital para recuperar el derecho humano al voto de los nicaragüenses.
Tras la represión del miércoles 8 de julio a esta protesta, la Policía Nacional emitió el comunicado 8/2015 donde recuerda su deber de garantizar la libre circulación y que el uso de la fuerza se debió a la actitud violenta de los manifestantes desarmados que derivó en la agresión que “supuestamente” recibieron cinco policías antidisturbios equipados y entrenados. Pero el comunicado es tan válido como un billete de dos pesos, porque la Policía Nacional nunca garantizó el derecho a la libre circulación, por el contrario cerraron la calle sin existir un fin legítimo, ya que nunca se acreditó la necesidad de cerrar la calle y lo único evidente fue la represión de la protesta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido reiterativa en sostener que en una sociedad democrática el espacio público no es solo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación. Asimismo, agrega que los estados deben garantizar y no obstaculizar el derecho de los manifestantes a reunirse libremente en lugares privados y públicos (Informe sobre Defensores 2012, Párr. 136).
El derecho a la protesta, es parte de la libertad de expresión y como tal, permite ejercer otros derechos. Ante la prohibición del CSE de la observación electoral y la falta de un auténtico proceso electoral, estos ciudadanos se convierten en defensores de derechos humanos que piden se respete nuestro derecho al voto.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que el derecho al voto comprende uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos expresan libremente su voluntad y ejercen el derecho a la participación política. Este derecho implica que los ciudadanos pueden decidir directamente y elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán en la toma de decisiones de los asuntos públicos. (Caso Castañeda Gutman Vs. México de 2008, Párr. 147)
El derecho al voto no es marcar una boleta, para Naciones Unidas el estándar de autenticidad en un proceso electoral está delimitado en la Observación General 25. Este instrumento desarrolla el alcance del derecho a la participación política contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y entre otras cosas establece que el conteo de votos debe ser independiente y transparente, además que los resultados estén sujetos a una revisión independiente, con participación de los representantes de los candidatos (Párr. 20).
A pesar de las exigencias desde la sociedad civil, en Nicaragua no existe certeza de los resultados electorales, pero no olvidemos que el voto es un derecho humano fundamental y la garantía de una sociedad democrática. Ante la negativa del régimen de respetar este derecho, pareciera que nuestra única opción es demandar su restitución por medio de la protesta social y aunque es una línea de acción importante, no es la única.
Para que Nicaragua sea una verdadera democracia, necesita elecciones limpias desde abajo, no dejemos solos a estos ciudadanos. Para defender nuestro derecho, es necesario ampliar las líneas de acción y que actores sociales como la Conferencia Episcopal, el Cosep y otras organizaciones de la sociedad civil, en un esfuerzo conjunto, demanden su inclusión como observadores en el proceso electoral. Solo la certeza ciudadana de los resultados en cada Junta Receptora de Votos nos restituirá nuestro derecho.
El autor es Maestro en Derechos Humanos
