Estaba escrito en piedra o en la pizarra de la presidencia de El Carmen, que el nuevo magistrado para el Consejo Supremo Electoral (CSE), vacante por la muerte del magistrado liberal, sería el candidato del partido en el Gobierno, que, como dijo el cardenal Leopoldo Brenes contestando una pregunta del periodista sobre la candidata oficial, el nombre no importa, sino quien tiene la mayoría en la Asamblea Nacional (AN). Se refería, por supuesto, a la mayoría que se recetó el inconstitucional presidente Daniel Ortega en el último fraude electoral que lo prolongó en el poder.
A lo que yo agrego: no importan los créditos del candidato; si lo merece o no, no está en discusión. Bien pudo ser cualquier ciudadano, hombre o mujer que reúna los requisitos que establece la Constitución Política, pero sobre todo el requisito que no está escrito: fidelidad a la voluntad de quien lo propone, alguien que responda al conteo de votos que manipula, quizás ya pensadas para las elecciones del próximo año, mejor conocidas, por su impunidad, como “asignaciones”.
El pueblo nicaragüense, sus organizaciones civiles y políticas están en pleno derecho de exigirle al inconstitucional presidente, elecciones democráticas, es decir libres y transparentes, mediante cambios en el CSE por personas más creíbles e imparciales.
Pero tal demanda, en este régimen personal y familiar que está formando un sistema caracterizado por el fascista culto a la personalidad, bicéfalo, corporativo y corrupto, sería como pedirle al dictador criollo que se ponga una pistola en la sien y se vuele la tapa de los sesos. Y por supuesto que no va a ceder a ese pedimento. Sabe que perdería de calle las elecciones, como en 1990 y las siguientes hasta 2006.
De modo que no espere cambios la oposición nacional. La reciente elección de magistrado confirmó que no hay voluntad para ello. Sería como arrebatarle a la dictadura su principal varita mágica. De las varias que posee, la del Consejo Electoral es la más importante, porque con ella puede desaparecer y aparecer votos ciudadanos y colocarlos en las casillas que le venga en gana; recetándose la mayoría para su persona, suponiendo que su candidatura se da por descontada, a pesar de las presuntas pretensiones de su esposa para continuar la dinastía. De la que apartó el impedimento constitucional.
La oposición representada por el Partido Liberal Independiente (PLI) en la Asamblea Nacional, tiene su cuota de responsabilidad por no reinventarse, presentando un positivo programa socioeconómico que sustituya la arbitrariedad establecida, y hacer una mejor oferta política que permita al pueblo concientizarse y sacudirse el miedo de protestar pública y pacíficamente.
La agrupación de partidos es buena señal. Pero tienen el defecto de ser excluyentes. La coalición del PLI ha expresado que no estar en ella es estar contra ella y tilda a las otras organizaciones de colaboradores del Gobierno. En vez de buscar una sólida unidad de fuerzas opositoras entre partidos y dirigentes de reconocido actuar democrático, con un candidato de consenso, se descalifican mutuamente. Y no es hora de exclusiones sino de inclusiones.
El fraude viene si no hay unidad en la acción y promoción de la movilización popular, la que parece estar despertando: única forma de hablarle claro y lo tome en serio el autoritarismo.
Es el sectarismo y el caciquismo es la enfermedad de la oposición que debe curarse. Se necesita un cambio completo de actitud. El pueblo oprimido de Nicaragua lo merece.
El autor es presbítero Anglicano y abogado.
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