Una de las principales y más claras lecciones de la grave crisis económica de Grecia, es la de que no se debe gastar más de lo que se produce y se tiene. Y que tampoco se debe prestar para financiar el déficit en el gasto público, más dinero que el que razonablemente se puede pagar.
De esa regla elemental de la economía se desprende, también, que el aparato del Estado no debe ser inflado con más personal que el que se necesita y se pueda sostener; que el empleo público no se debe usar para satisfacer con salarios y prestaciones a los afiliados y simpatizantes del partido gobernante; y que tampoco es conveniente tratar de eliminar el desempleo, incrementando la nómina del Estado de manera insostenible.
Esta lección económica básica es tan antigua como la misma economía y la administración pública. Sin embargo nunca se termina de aprender, como lo demuestran no solo la actual crisis de Grecia sino también las experiencias negativas de muchos otros países.
En Nicaragua, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) dio a conocer ayer un estudio elaborado por el exministro de Hacienda, Mario Flores Loáisiga, en el cual se advierte que las finanzas públicas se podrían complicar peligrosamente por diversas causas, entre ellas el aumento excesivo del gasto burocrático y el incremento del empleo estatal innecesario, que es motivado —agregamos nosotros—, por el interés partidista y el populismo clientelista.
El estudio de Funides menciona cuatro gastos principales que “potencialmente tienen impacto negativo en el crecimiento económico”, entre ellos el de los salarios y las prestaciones sociales de los empleados públicos, que ha aumentado desmesuradamente en los últimos ocho años, o sea con el gobierno de Daniel Ortega.
Con datos oficiales, la investigación demuestra que el gobierno de Ortega “disparó en 195.97 por ciento el pago de las remuneraciones, porque a su vez elevó en 65 por ciento la planilla laboral entre 2007 y abril de 2015”, según la información publicada ayer por LA PRENSA.
De acuerdo con el estudio, en el año 2007 el Gobierno gastó 6,831.28 millones de córdobas, en el pago de remuneraciones a 60,702 empleados estatales. Pero 8 años después, en el 2015, en el Presupuesto nacional se asignó para el mismo gasto 20,218.9 millones de córdobas, y hasta abril del presente año la planilla estatal subió a 112,556 empleados públicos.
Este fuerte incremento del empleo en el Estado se debe, sin duda, a la contratación de miles de militantes, simpatizantes y allegados del partido de gobierno, improductivos para la sociedad pero favorecidos con salarios y prestaciones a cargo de los contribuyentes, a fin de tener “mano de obra” suficiente, segura y gratuita para las movilizaciones políticas partidistas.
Pero este es solo uno de varios factores que pueden estar gestando una crisis fiscal, cuyos costos tendrá que pagar, como siempre, el maltratado y hasta ahora impasible pueblo nicaragüense. A menos que el Gobierno de Ortega quisiera prevenirla, aplicando las cinco políticas públicas que, en función del interés económico y social del país, propone el economista Mario Flores Loáisiga por medio del valioso estudio que Funides ha dado a conocer públicamente.
