Detrás del dolor y el sufrimiento ocasionado por el irreparable error de la Policía Nacional (PN) al disparar a mansalva contra una inocente familia, subyace un tema que se desprende de la tragedia y tiene que ver con el respeto a los derechos constitucionales de los nicaragüenses como es la intromisión y manipulación oficialista de las exequias fúnebres, subrogando a la familia doliente de forma total o parcial.
Como una forma de enmendar su culpa, la PN se hizo cargo de todos los gastos del velorio y se sabe también que asumirá los daños materiales ocasionados por el crimen, lo cual era lo menos que se podía esperar ante tan salvaje e irresponsable actuación policial.
Sin embargo, como si el dolor causado fuese poco, desde la primera comisionada de la policía, hasta ministras del gobierno y la alcaldesa de Managua, irrumpieron en la vela de las víctimas con un ejército de periodistas afines al gobierno quebrantando la paz y la tranquilidad de los familiares.
Posteriormente durante el sepelio el oficialismo tomó el control de la ceremonia luctuosa, observándose la presencia de miembros de la juventud sandinista y la participación en el cementerio de un sacerdote allegado a la pareja presidencial a pesar que se trataba de un entierro donde los difuntos y la mayoría de los asistentes pertenecían a la religión evangélica.
Esto constituye una violación a la privacidad de las personas y la de su familia, en este caso la de los fallecidos, contenida en el artículo 26 numeral 1, así como a la libertad de religión y de culto consignada en el artículo 69 de la Constitución Política.
Si la policía quería ayudar a la familia, era suficiente hacerse cargo de los gastos funerarios y garantizar a los sobrevivientes cualquier apoyo necesario para superar el trauma y retornar a la normalidad dejando que los familiares lloraran a sus deudos como se debe, con la calma y serenidad requerida, al margen de figureos, exaltaciones a la pareja gobernante y sin que nadie ajeno al núcleo familiar decidiera como enterrar a sus muertos.
Pero ocurrió todo lo contrario. Los familiares se sintieron agobiados, incapaces de evitar el asedio público y la politización del infortunio e incluso se les hizo sentir burlados cuando la oficina de relaciones públicas de la Policía dio a conocer un comunicado en el que se daba a entender que el culpable había sido el padre de las víctimas por no atender la orden de detenerse.
Cabe recordar que no es la primera vez que el Gobierno toma el control de unas honras fúnebres. Tras la muerte del tricampeón mundial de boxeo Alexis Argüello, previendo cualquier efervescencia del pueblo que en gran parte sospechaba de la forma de su deceso, el gobierno se apoderó del cadáver y se encargó de todo lo relacionado con los funerales, impidiendo que los familiares y los propios hijos pudieran tener la oportunidad de dar el último adiós a su padre con la libertad y privacidad que la ocasión ameritaba.
En ambas situaciones se puede deducir un tipo de comportamiento poco convencional, sin fundamentos legales, que al parecer responde a una práctica o estrategia del oficialismo cuando teme que la ira popular en reclamo de justicia se vuelque en contra de los que ejercen el poder.
Lamentablemente son los derechos humanos de los nicaragüenses los que se deterioran con cada actuación equivocada del gobierno que en casos como el de Las Jagüitas no bastó con lesionar el derecho a la vida de las víctimas sino que aún después de muertas se siguieron violentando sus derechos.
El autor es Licenciado en Derecho y en Relaciones Internacionales, miembro del Grupo Projusticia.
