Parafraseando a Montesquieu, todo estará perdido cuando una sola persona controla todos los poderes del Estado. El caudillo-centrismo destruye la institucionalidad. Es importante señalar que además del principal autor, existen coautores intelectuales y materiales del “delito político” —no tipificado en el Código Penal— de destrucción de la institucionalidad democrática. Entre ellos, los partidos políticos y algunos poderes fácticos, como el gran capital.
En las condiciones actuales, concurrir a elecciones el próximo año sin que existan previamente las condiciones esenciales —sine qua non— para que estas sean libres y transparentes, sería simple complicidad política y no abonaría en nada a la tarea pendiente de rescatar la democracia. Dado que al parecer es imposible la unidad de la llamada oposición, al menos deberían de ponerse previamente de acuerdo en cuáles son las condiciones indispensables que garanticen elecciones transparentes y estar dispuestos —los verdaderos opositores— a no asistir si no se dan esas condiciones. Si son incapaces siquiera de llegar a un acuerdo sobre ese aspecto fundamental —y antes de que finalice este año, ya que después será muy tarde—, lo único que harán será seguir dando apariencia de legitimidad a la destrucción de la institucionalidad democrática. En ese caso, todo estará perdido. Habrá absolutismo para rato.
Nadie discute que la aspiración de la oposición en cualquier país, de alcanzar y detentar cargos políticos, no es solo legítima sino además necesaria e indispensable en un sistema democrático. El objetivo lógico y necesario de los partidos políticos es llegar al poder y la competencia entre ellos, crea el sistema de pesos y contrapesos que es esencial a la democracia. Tanto el Estado de Derecho como la competencia política son fundamentales para evitar el absolutismo político.
Sin embargo ese objetivo legítimo —y necesario— de aspirar a cargos públicos se distorsiona totalmente cuando se sabe de antemano que lo que habrá es una farsa. Es como si en un deporte, uno de los equipos reiteradamente ha ganado todos los partidos, debido a que ha comprado o nombrado a los jueces; y los equipos contendientes a sabiendas vuelven a jugar sin exigir siquiera que previamente se cambien a los jueces y se respeten las “reglas del juego”. Como ya lo señaló Fabián Medina, los partidos políticos no pueden pretender que ignoran que no existen las condiciones para elecciones transparentes.
Siempre habrá argumentos para ir a las elecciones, aún sabiendo de antemano que no existen condiciones para que estas sean transparentes y legítimas. Se seguirá argumentando, que en política no pueden dejarse los espacios vacíos. Se dirá que aunque en minoría, la oposición defenderá en la Asamblea Nacional, tanto a la democracia como a los intereses de la mayoría. Siempre abundarán los argumentos para practicar el “zancudismo”. Ello no es un fenómeno nuevo en la historia de Nicaragua. Fue uno de los principales instrumentos que utilizaron los Somoza para conservar por tantos años el poder.
En el fondo la verdadera motivación para asistir a elecciones a pesar de que no existen condiciones, es económica. Si los sueldos de los diputados, alcaldes y otros funcionarios públicos, no excediesen en cinco veces el salario mínimo promedio, posiblemente no habría tanto interés en “no dejar los espacios vacíos”. Ya lo dijo un diputado: “La calle está dura”. Al parecer muchos funcionarios públicos no obtendrían en el sector privado los mismos ingresos que obtienen en el sector público. Ante esa motivación económica, inclusive la positiva propuesta de Eduardo Montealegre de no asistir a las elecciones si no existen condiciones mínimas, posiblemente sea rechazada por los diputados de su mismo partido, ansiosos de continuar en cargos públicos. El mismo problema existe en todos los partidos de “oposición”. Los principios políticos quedan supeditados a pequeños intereses económicos.
No solo los partidos políticos son corresponsables de la destrucción de la democracia, también lo son los poderes fácticos, los que se quiera o no, inciden en la política. Dentro de esos poderes fácticos, solo la Iglesia católica se ha pronunciado claramente a favor de la democracia. El gran capital —a pesar de su retórica en contrario y aunque no haya sido su intención—, objetivamente ha contribuido a la consolidación del absolutismo político. Son también coautores de la destrucción de la institucionalidad democrática.
El autor es doctor en economía
