El pasado fin de semana fue conmemorado el 25 aniversario del desarme de la Resistencia Nicaragüense. Este hecho memorable significó prácticamente el final de la sangrienta guerra de los años ochenta librada por la dictadura sandinista y la Contrarrevolución, la última de todas las guerras civiles que han ocurrido en el país a lo largo de su historia y quizás la más enconada y devastadora.
Como fecha del desarme de la Contra se señala el 27 de junio de 1990, pero en realidad fue un proceso complicado y bilateral, pues tuvo como complemento la reducción del Ejército Sandinista que oficialmente tenía más de 70 mil efectivos al terminar la guerra y quedó en unos 17,000.
Por su trascendencia histórica el 25 aniversario de la desmovilización de la Contra debió ser una conmemoración nacional y oficial, pero en ella solo participaron antiguos líderes y miembros de la Resistencia, acompañados y respaldados por representantes del partido de oposición PLI y la Coalición Nacional de la Democracia.
Para Daniel Ortega y el FSLN, el fin de la guerra civil de los años ochenta no parece ser un motivo de celebración. Como no pudieron derrotar militarmente a la Contra, la terminación de la guerra sin vencedores ni vencidos no significa para ellos lo mismo que representa para todos los demás nicaragüenses, es decir, el triunfo de la paz sobre la guerra, de la civilización sobre la barbarie, de la razón sobre la irracionalidad, de la democracia sobre la dictadura y de la libertad sobre la opresión.
En realidad, a Daniel Ortega y su partido les costó mucho reconocer que no podrían derrotar militarmente a la Contra, que debían aceptar el fin de la guerra mediante acuerdos de paz mutuamente consentidos, sin triunfadores ni derrotados. Y se las ingeniaron para ganar de hecho y en el terreno político una guerra que fueron incapaces de ganar en el campo de batalla. Aceptaron de palabra las condiciones de la paz y el compromiso de colaborar en la construcción e institucionalización de una auténtica democracia, pero los incumplieron de manera sistemática y las siguen incumpliendo hasta el día de hoy.
Veinticinco años después del fin de la guerra, Ortega ha impuesto una nueva dictadura, ha cerrado los espacios de la participación política competitiva y trata de hacer creer que la única salida —como en tiempos del somocismo y de la revolución sandinista— es el enfrentamiento armado de unos nicaragüenses contra otros. Ortega sabe que ninguna lucha armada se puede organizar y librar exitosamente sin contar con un consistente respaldo internacional, el cual nadie tiene la disposición de prestar en la actualidad. Y está seguro, el autócrata Ortega, de que puede exterminar fácilmente cualquier brote de insurgencia, como ya lo ha hecho en los últimos años, mediante el estallido de mochilas explosivas y asesinatos de cabecillas armados.
Pero no es por la inviabilidad de la lucha armada, sino por principios democráticos, que la oposición no debe caer en la trampa de la provocación orteguista. Guerra nunca más. La lucha por la democracia se tiene que librar con procedimientos democráticos y pacíficos. A pesar de que en su gran mayoría los ciudadanos democráticos están hoy adormecidos y resignados, tendrán que reaccionar tarde o temprano para recuperar su dignidad política y darse ellos mismos el gobierno que realmente merecen.
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