Las sociedades no son perfectas, sus gobiernos menos. Las políticas gubernamentales, que nunca se deciden en el vacío, tienden a beneficiar a algunos sectores e inevitablemente a perjudicar a otros.
La democracia republicana lo que pretende ante esta realidad es facilitar el equilibrio. Para eso diluye el poder. Cada uno de los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, es independiente y a su vez se controlan entre sí; pero además la democracia republicana garantiza a la misma ciudadanía mecanismos directos de expresión: La libertad de elegir a sus representantes y administradores cada cierto tiempo; la libertad de asociación, movilización y expresión, entre otros.
La ciudadanía, que no es homogénea, tiene sus mecanismos de expresión en partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, grupos de interés, organizaciones gremiales y hasta organizaciones de vecinos.
En el sistema democrático republicano de corte presidencialista, como en teoría —pero solo en teoría— tenemos en Nicaragua, la tarea del ejecutivo es precisamente ejecutar las políticas del Estado de tal manera que se garantice el balance que mantenga a la sociedad satisfecha en la medida de lo posible, eso se logra escuchando a la misma sociedad.
Una realidad ineludible, sin embargo, es que ni el mejor de los gobiernos puede mantener contentos a la mayoría de los ciudadanos todo el tiempo. Creer eso es creer una fantasía que nace en las mentes autoritarias.
Cuando surge un gobierno, un partido o un gobernante que se considera el dueño de la verdad y el llamado a dirigir —no a administrar la cosa pública— sino dirigir “al pueblo”, lo que surge es un gobierno autoritario.
El régimen que tomó el poder en Nicaragua en el año 2007 tiene esa mentalidad. El presidente inconstitucional y su esposa son los únicos iluminados, los que saben lo que le conviene al pueblo, el resto de los ciudadanos solo debe seguirlos.
Para lograr que solo su voz se escuche, el régimen va destruyendo los mecanismos de expresión y eliminando los derechos de los ciudadanos. No hay libertad de movilización contra políticas gubernamentales porque el que protesta se enfrenta a la violencia de las turbas; no hay libertad para elegir porque el sistema se ha transformado en una maquinaria oscura y fraudulenta: no hay libertad de expresión porque quien exprese una opinión contraria se enfrenta a las múltiples represalias de las que puede echar mano el régimen; y no hay libertad de organización, ni en un partido político ni en una organización de la sociedad civil porque se pagan las consecuencias.
El cerco a las organizaciones de la sociedad civil inició desde el 2007 y ha ido en dos vías, el avasallamiento interno y el bloqueo de la cooperación internacional a la que tenían acceso.
Con esto, los ciudadanos han perdido una importante fuente de expresión y de presión que a la vez sirve como válvula de escape. Además, el régimen no recibe retroalimentación, por lo tanto, ni que quisiera puede enmendar políticas erróneas.
Así, el descontento crece, no encuentra válvulas de escape y solo acumula presión. Hasta que lo inevitable sucede.
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