El vicepresidente argentino, Amado Boudou, quedó el jueves más cerca de un juicio oral por corrupción, al confirmar la acusación un tribunal de apelaciones, aunque el caso será tratado ahora por la Corte Suprema, informó una fuente judicial.
Una Cámara de Casación confirmó la inculpación a Boudou (52 años) por «cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública» por el supuesto intento de comprar una fábrica privada de documentos públicos y papel moneda.
Según testimonios en la causa, el alto funcionario habría recibido beneficios para favorecer a empresarios privados.
La presidenta Cristina Kirchner (peronista de centroizquierda) mantiene silencio sobre esta investigación desde el encausamiento dictado por un juez de primera instancia en 2014. La mandataria ha omitido incluir a su vicepresidente en las listas de candidatos en un año electoral clave.
La mandataria acordó con el candidato presidencial oficialista, el peronista centrista y moderado Daniel Scioli, que la mayoría de sus principales cuadros de gobierno ocupen postulaciones legislativas.
Incluso cedió a su ideólogo, el secretario técnico Carlos Zannini, para que sea compañero de fórmula de Scioli. El nombre de Boudou no aparece en ninguna lista y el 10 de diciembre cesa su mandato junto con el de la presidenta.
Fuentes judiciales citadas por la prensa local afirman que la Corte no dará su veredicto antes de los comicios generales del 25 de octubre.
El vice está inculpado de adueñarse a través de un testaferro del 70% de acciones de la imprenta Ciccone Calcográfica, cuando era ministro de Economía en 2010.
En aquel momento, Ciccone tenía como única competidora a la firma Bold en las licitaciones oficiales.
Después de estallar el escándalo de la acusación contra Boudou, el gobierno estatizó Ciccone.
La oposición reclamó reiteradas veces la renuncia de Boudou, quien tiene pendientes, además, otras causas, una por presunto enriquecimiento ilícito, dos por manejos irregulares con documentos y una por supuesto fraude en un plan de viviendas.
Para que sea llevado al banquillo mientras dure su mandato debería ser aprobado el juicio político en el Congreso, donde el gobierno tiene mayoría en ambas cámaras.
Otro gobernante, el expresidente Carlos Menem (1989-99) y actual senador, será llevado al banquillo en agosto en un caso de encubrimiento y ocultamiento de pruebas por el atentado contra el centro judío AMIA en 1994 con saldo de 85 muertos y 300 heridos.
Menem será enjuiciado junto con una decena de funcionarios políticos, judiciales y sociales, entre ellos el primer magistrado del caso AMIA, el destituido Eduardo Galeano.
