Un tribunal egipcio confirmó el martes la pena de muerte contra el derrocado expresidente Mohamed Mursi en un juicio por evasión de prisión y violencia durante la revuelta de 2011, un veredicto que confirma la voluntad del poder de erradicar a la oposición islamista.
Poco antes, el mismo tribunal había condenado a Mursi, primer presidente elegido democráticamente en Egipto, a cadena perpetua por “espionaje”. Y el 21 de marzo, en un primer juicio, fue condenado a veinte años de prisión por incitación a la violencia contra manifestantes en 2012. La pena de muerte en este tercer proceso fue confirmada después de que el tribunal consultara al gran muftí, la mayor autoridad religiosa del país en la interpretación de la ley islámica, al que el Gobierno otorga un rol consultivo.
Los veredictos de los tres primeros juicios (le esperan otros dos), fueron pronunciados en primera instancia y pueden ser recurridos.
La Hermandad de los Hermanos Musulmanes denunció unos “veredictos grotescos”, llamando a manifestarse el viernes “contra las penas de muerte, las desapariciones forzadas” y contra “el criminal fascista Abdel Fatah al Sisi y su banda”.
La Casa Blanca mediante su portavoz Josh Earnst, dijo que la sentencia contra Mursi tenía “motivos políticos”, una crítica severa de Washington a su aliado militar.
Para la ONG de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), se trata de “una parodia de justicia” que demuestra “hasta qué punto el sistema judicial es defectuoso en Egipto”.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, también está “muy preocupado” por la confirmación de las penas de muerte en Egipto, afirmó este martes el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq. El presidente islamoconservador de Turquía, Recep Tayyep Erdogan, denunció la sentencia como una “masacre contra los derechos fundamentales y las libertades”.
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