La masacre ocurrida el 19 de julio del 2014 y la matanza de El Portal son dos de los hechos sangrientos, sin lugar a dudas, de mayor impacto en la sociedad nicaragüense en el último año.
Ambos casos son registrados en el informe anual sobre Derechos Humanos publicado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), mencionados entre los hechos que impactaron en el derecho a la vida de los nicaragüenses.
A su vez durante ese período varios nicaragüenses perdieron la vida en diferentes hechos, entre los que sobresalen en enfrentamientos de grupos armados; que menciona el Cenidh en su informe, “a los que el Gobierno continúa atribuyéndoles un carácter delincuencial”.
Y que dice el Cenidh han ocurrido principalmente en la zona norte del país, “han provocado la ejecución de operativos combinados del Ejército y la Policía, registrándose la muerte de civiles y militares”.
La investigación policial y la labor de los operadores judiciales sobre la matanza de cinco personas que participaban en una caravana de simpatizantes orteguistas el 19 de julio del 2014, el Cenidh considera que dejó más dudas que respuestas.
Esto porque “no lograron responder cuáles fueron las motivaciones del crimen aun cuando los hechos tuvieron lugar la noche del 19 de julio, luego de la conmemoración de dicha efeméride”, indica el Cenidh en su informe.
“A partir del crimen se registraron altos niveles de violencia política, intolerancia, represión por parte de la Policía y el Ejército en contra de miembros de la oposición política, sobre todo en San Ramón y Ciudad Darío, municipios de Matagalpa, violándose los derechos humanos de los supuestos implicados y sus familiares”, mencionó el director ejecutivo del Cenidh, Mauro Ampié, al presentar su informe.
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Ampié resaltó el hecho de que las investigaciones del caso terminaron con un proceso judicial en el que los implicados fueron declarados culpables. Durante el juicio estos denunciaron “haber sido víctimas de tortura y obligados a declararse culpables, sin que esta denuncia haya generado la investigación ni las sanciones que en Derecho corresponden”. Es más, señaló Ampié, a casi un año de la masacre, a los detenidos aún no les notifican la pena establecida, “violando claramente el plazo para la lectura de la sentencia previsto en la legislación procesal penal”.
Indicó Ampié que la repudiada masacre evidenció la violencia extrema a la que puede conducir la polarización de la sociedad nicaragüense. Asimismo mostró el abuso al que llega la autoridad policial en el desarrollo de las investigaciones de los presuntos responsables.
“ El deterioro de la situación de Derechos Humanos en el país se percibió en toda su complejidad (…), mostrándonos el elevado costo que para los derechos ha tenido la imposición de un modelo económico excluyente y un diseño político dictatorial”.
Mauro Ampié, director del Cenidh.
Hechos como el del 19 de julio y otros posteriores ha llevado a pensar al Cenidh que en el país se han desarrollado ejecuciones sumarias. Uno de esos casos fue la muerte de Carlos García, asesinado de un balazo, hecho ocurrido en la comarca El Sarayal, Jinotega. “En su comunidad era conocido como exmiembro de la Resistencia Nicaragüense, aliado del PLI y crítico al gobierno de Daniel Ortega”, indica el Cenidh en su informe.
Así como la muerte del señor Modesto Duarte, ocurrido en enero de este año, en Santa María de Pantasma. Ambos casos revelan que existe un deterioro importante de la seguridad, cuyas causas corresponde al Gobierno investigar y atender, dice Ampié.
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denuncias recibió el Cenidh el año pasado, en relación con casos de violación al derecho a la vida, muchas de ellas estuvieron relacionadas con acciones conjuntas del Ejército y de la Policía. El Cenidh ha brindado acompañamiento a las víctimas en su demanda de justicia.
ESCALADA VIOLENTA CONTINÚA
El director del Cenidh destacó que la escalada de violencia escenificada en 2014 continuó al iniciar 2015, con el hecho que alarmó al país en general y al norte en particular, con el estallido de una mochila bomba en El Portal, comunidad de Santa María de Pantasma, el pasado 20 de enero. Allí murieron dos presuntos miembros de los grupos rearmados y se perpetró la ejecución de Duarte.
Tras cuatro meses de transcurrida la explosión, las autoridades no han dado a conocer los resultados de las investigaciones y es otro hecho gravísimo que queda en la impunidad, sostuvo Ampié.
Y más bien, señaló Ampié, la única respuesta del Gobierno ha sido la militarización, “siendo las familias campesinas las víctimas mostrando una total renuencia a investigar, sancionar dichos abusos e informar de forma transparente los resultados de las investigaciones a la población”.
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Otros hechos en los que hubo abuso
Continúan presentándose casos en los que actuaciones policiales abusivas provocan la muerte, aseguró el director ejecutivo del Cenidh, Mauro Ampié.
Mencionó como ejemplos, los hechos donde perdió la vida Kevin Bautista López, de 16 años, quien murió de un disparo “presuntamente realizado por la Policía en el contexto de una protesta de taxistas en Totogalpa”. Pero en este caso a la fecha no hay un informe policial conclusivo que permita a la Fiscalía ejercer la acción penal. Igual el caso de Pablo Hernández Galeano, en el barrio Monseñor Lezcano, y Efrén Herrera, en Santa Teresa, Somoto. En el primer caso, el juicio ha sido reprogramado en dos ocasiones y en el segundo hay negativa de realizar una investigación a fondo a pesar de que existe un oficio dictado por la Unidad Fiscal de Somoto. También se realizaron abusos policiales en contra de privados de libertad, como en el caso de Dorian Arróliga, de 48 años. Sus familiares denunciaron que fue agredido por el oficial de control de detenidos en la Policía de León y a consecuencia de la golpiza falleció en su celda. En este caso la Fiscalía acusó al agresor.
