El debate político es indicador del nivel democrático de un país. En Nicaragua no ha imperado la discusión de ideas, sino que arengas y monólogos en plazas públicas o ambientes controlados por el oficialismo. Por eso, una eventual reforma a la Ley Electoral debería incluir la creación de una comisión nacional de debates, con la finalidad de organizar este ejercicio con normas claras y justas para contendientes a los cargos de presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes.
El concepto de debate inició su camino desde el filósofo griego Sócrates (470-399 a. C). En la arena política moderna se destacan en 1858 los de Abraham Lincoln y Stephen Douglas por el puesto de Senador de Illinois, Estados Unidos. Ya en 1960, por televisión y radio, los de John F. Kennedy y Richard Nixon. Desde entonces, en países con vocación democrática, incluyendo varios de Latinoamérica, el debate es común.
Claro, con Daniel Ortega no es probable que ingresemos a esa lista. Habiendo sido candidato a la primera magistratura en seis oportunidades (1984, 1989, 1996, 2001, 2006 y 2011, y en la mira la séptima, en 2016) una y otra vez ha evadido discutir con sus adversarios, secuestrando el derecho ciudadano a la observación y contraste. ¿Falta de ideas, pánico escénico, desprecio a la ciudadanía?
La violación a la Ley 621, de Acceso a la Información Pública, es otra muestra que el secretismo es su marca personal, desde hace ocho años convertida en política de Estado, como en las dictaduras. En realidad, lo que conocemos es gracias a la valiente labor de medios y periodistas no oficialistas que arriesgan todo cada vez que investigan y publican.
Ortega, como Somoza, habla ante los que asisten obligados a sus concentraciones, que llegan para dejarse ver por su superior de la oficina estatal, sindicalistas blancos, dirigentes de mortero o informantes de barrio. Así discursea en cadenas de radio y televisión impuestas, mientras la mayoría apaga los transmisores. ¡Qué poco mérito tiene!
Sin embargo, si los nicaragüenses tenemos derecho a ver y escuchar debates entre candidatos en tiempos de elecciones y que no se obstruya el acceso a la información pública, también tenemos derecho a que los personeros de gobierno debatan con especialistas y opositores sobre asuntos de importancia.
Por ejemplo, citando unos pocos, al asesor económico presidencial Bayardo Arce con el diputado Carlos Langrand, sobre nivel de desempleo, pobreza y carestía de la vida; la primera comisionada Aminta Granera con Elvira Cuadra, sobre seguridad ciudadana; la Fiscal Ana Julia Guido con Vilma Núñez o Marcos Carmona sobre investigaciones a violaciones de Derechos Humanos; al presidente del poder electoral, Roberto Rivas, con Eduardo Montealegre sobre fraudes, reformas y transparencia electoral, y con Dora María Téllez sobre la personería jurídica del MRS.
¿Qué tal Rosario Murillo con Luis Sánchez Sancho o Carlos Fernando Chamorro sobre libertad de expresión y ley 621; a Telémaco Talavera, con la ambientalista Mónica Baltodano López; al magistrado Rafael Solís con Álvaro Leiva Sánchez sobre la denuncia de 24 mil despidos de empleados públicos sin prestaciones de ley; a Francisco López, de Albanisa, con el diputado Enrique Sáenz sobre el precio de los combustibles y el destino de las ganancias; al presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, con Adolfo José Acevedo sobre reformas, finanzas y futuro de la institución; a Miguel de Castilla con Carlos Tünnermann y Humberto Belli, sobre educación?
Los temas son muchos más, ¿verdad? Por lo pronto, mientras va de salida, este gobierno —como los pulpos— arroja manchas negras para esconderse en la oscuridad. Creen que nadie los observa.
El autor es periodista.
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