En octubre del 2013 el Gobierno presentó al Cosep las medidas que afirmaban estaban destinadas a “fortalecer el sistema de pensiones del INSS y mejorar el balance financiero hasta el año 2034, aproximadamente”.
En esa ocasión expusimos claramente que el rescate financiero del Instituto enfrentaba tres problemas estructurales: la informalidad del mercado laboral, el elevado nivel de subempleo y la baja productividad. Y por consiguiente, cualquier intento de asegurar viabilidad que no tomara en cuenta la solución gradual de esos tres problemas, constituiría una solución temporal que obligaría a nuevas revisiones en el largo plazo.
Fue por ello que al momento de aprobarse la reforma por el Consejo Directivo del INSS nuestro representante votó en contra, por cuanto solo se logró un consenso parcial en la negociación al no alcanzar un compromiso de costos compartidos ni sobre los problemas de largo plazo.
En primer lugar, se aumentó únicamente la tasa de cotización del empleador, que significó una contribución no menor de C$$600 millones por el incremento del uno por ciento del aporte patronal en el año 2014, el cual se incrementará uno por ciento adicional en 2015 y 0.5 por ciento en cada uno de los años 2016 y 2017, los cuales salen del flujo de efectivo de las empresas.
En segundo término, se aumentó el salario máximo cotizable a los ejecutivos de las empresas al pasarlo a C$$72,410, lo cual significó una afectación cercana a los doscientos millones en el 2014 y se espera recaudar por este concepto el doble en el 2015.
Tampoco nos pusimos de acuerdo sobre la regulación de las pensiones reducidas que permitiera, bajo una fórmula técnica y no un criterio político, normar su metodología de cálculo.
De esa fecha al día de hoy han pasado dos eventos. El primero, la aprobación de la Ley No. 900, Ley de Pensión Reducida por Vejez para las personas aseguradas por el INSS. El segundo, la publicación del Decreto No. 12-2015 por el cual se establecen mayores montos de forma proporcional a las pensiones de vejez reducida para quienes hayan cotizado 250 o más semanas hasta un límite de 749 semanas.
Este último evento, tal y como lo habíamos advertido, nos vuelve a situar en un entorno de inestabilidad financiera del INSS, ya que ese nuevo grupo de beneficiados ya alcanza las 32,500 personas en vez de las 8,000 personas que se estimaron originalmente. Asimismo, con el nuevo aumento estamos pasando de 55 a 80 millones de córdobas mensuales para cubrir la pensión reducida, lo que significará más de 35 millones de dólares a partir del 2016.
Esto significa que todo el aporte unilateral efectuado por el sector privado en el año 2014 ya fue prácticamente neutralizado por el impacto de las nuevas pensiones reducidas, lo que vuelve a poner presión en las finanzas y reduce la sostenibilidad financiera que habíamos previsto hasta el año 2034 en la reforma negociada parcialmente.
No dudamos de la justeza de la medida. Sin embargo, esta medida no puede sostenerse bajo un simplismo político. No se trata de posiciones egoístas, se trata de realidades económicas y sociales. Además de que hay muchos otros sectores de la sociedad que también necesitan respaldo y respuestas a sus problemas.
El déficit del Seguro Social ya está siendo soportado gracias a los mayores aportes efectuados por el sector privado; sin embargo, este tipo de medidas van en dirección contraria al esfuerzo realizado. No se puede poner en riesgo el aporte de la empresa privada con un uso que no es para el fortalecimiento de la institución y que puede poner en riesgo los derechos a pensiones de todos los que próximamente nos vamos a jubilar.
Los empresarios no podemos seguir pagando más. El sector privado ya dio y sigue dando su aporte. Será el Gobierno el que debe buscar de otras fuentes, que esperamos no sea de los impuestos. Deberá valorar si utiliza o no los recursos provenientes del ahorro energético. O deberá ser cargado al Presupuesto General de la República; pero no debe poner más presión al Seguro Social y a los empleadores.
Es por ello que volvemos a hacer un llamado a ser responsables en las decisiones de políticas públicas a pesar del costo político que estas puedan tener. No sigamos pateando hacia adelante las decisiones que nos corresponde tomar hoy.
EL AUTOR ES PRESIDENTE DEL COSEP.
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